El mundo tiene puestos los ojos sobre Colombia. El Paro Nacional que se convocó para el 28 de abril cumple ya una semana en las calles y, a pesar de haber logrado su objetivo de tumbar la propuesta de Reforma Tributaria, miles de personas en el país siguen en las calles en lo que, por ahora, parece un paro indefinido.
Según los últimos reportes de la ONG Temblores, debido a la represión estatal de las protestas, entre el 28 de abril y el 5 de mayo (a las 8 am), se reportaron 1708 casos de violencia policial, 222 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 831 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparo de arma de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
El expresidente de Colombia, Ernesto Samper afirmó hoy que la crisis en ese país se enmarca en la “polarización ideológica” de América Latina. “El tema va un poco por la polarización ideológica que se vive en casi toda América Latina”, consideró.
Tras responsabilizar al presidente Iván Duque por la feroz violencia desatada para “contener” las manifestaciones, Samper criticó el rol que desempeña en la crisis el expresidente Álvaro Uribe, exponente de la derecha continental.
Además, identificó tres factores como razones subyacentes a la crisis, más allá de la catalizadora reforma tributaria: “primero la pandemia, que ha dejado empobrecimiento, desempleo y hambre; segundo, el incumplimiento sistemático por parte del Gobierno de Duque de los acuerdos de La Habana; y a eso se le agrega la polarización ideológica que ha ido estimulando el ex presidente Uribe, que tiene interés en crear un escenario de guerra en medio de las elecciones”, indicó. A su entender, “esos tres factores son los que están produciendo un movimiento masivo de protestas ciudadanas”.
“La gente está en las calles porque necesita que se implemente el acuerdo de paz”, disparó, e instó al gobierno colombiano a cumplir con esas condiciones. Desde la firma de los acuerdos de la Habana en 2016, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y la organización de derechos humanos Human Rights Watch han registrado el asesinato de 261 excombatientes de las FARC y de más de 400 defensores de derechos humanos y líderes sociales firmantes de los tratados.
El presidente del país, Iván Duque, elegido en junio de 2018, llegó al poder con la promesa de renegociar lo que él mismo describió como un acuerdo de paz “indulgente”, pero también se comprometió a no “hacer trizas el acuerdo”.
Sin embargo, el gobierno de Duque ha hecho lo mínimo para implementar los acuerdos de paz y niega tajantemente que haya serios problemas. Se refiere a las masacres con eufemismos como “homicidios múltiples”, las considera el resultado de las concesiones hechas a las FARC en el acuerdo de paz y acusa al gobierno anterior de todo lo que ocurre.
La misma estrategia siguió tras la irrupción de las protestas. Tanto Duque como Uribe sindicaron como ejecutores e inspiradores de las manifestaciones a grupos armados, sus sucesores en la vida democrática, e incluso, al gobierno de la vecina República Bolivariana de Venezuela, como justificación para hacer de los manifestantes “blancos militares”, de acuerdo a Samper.
El exmandatario, quien también fuera secretario general de UNASUR, dijo que se debe preservar la institucionalidad de Colombia y auspició las mesas de diálogo que promueve Duque, estableciendo que primero debe cesar la violencia represiva en las calles. Para el político, la integración de América Latina, que en su perspectiva atraviesa una “oleada progresista”, podría ser instrumental en desalentar futuras crisis en Colombia y en el continente.