En una audiencia que fue precedida por una movilización de organizaciones de Derechos Humanos, políticas, sindicales y de diversos colectivos, el TOF correntino condenó a los siete represores como partícipes necesarios de privaciones ilegítimas de la libertad cometidas con violencia, aplicación de tormentos y agravadas por el tiempo, entre otros delitos considerados crímenes de lesa humanidad.
Los condenados son: el capitán del Ejército Juan Carlos De Marchi y el coronel Horacio Losito recibieron 25 años de prisión; el general de brigada del Ejército Eduardo Antonio Cardoso, 15; el comandante principal de Gendarmería Raúl Reynoso, 18; el coronel del Ejército Abelardo De la Vega, 12; el coronel Raúl Harsich, 8 y el sargento ayudante de Gendarmería Pedro Armando Alarcón, 4.
En tanto, fueron absueltos el teniente coronel del Ejército Alfredo Farmache y el comandante principal de Gendarmería Abelardo Palma.
El Tribunal, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Juan Manuel Iglesias, dispuso unificar en prisión perpetua, 25 y 18 años de prisión, las penas para Losito, De Marchi y Reynoso, respectivamente, por cargar con condenas por crímenes de lesa humanidad en juicios anteriores.
Ninguno de los imputados estuvo presente en la sala de audiencia, sino a través de videoconferencia.
Referentes de derechos humanos y personas involucradas en la causa remarcaron la importancia de la sentencia en momentos en que discursos negacionistas han ganado protagonismo en la sociedad. Es sabido que Javier Milei y Victoria Villaroel, fórmula que competirá en el balotaje por la presidencia, han expresado que no creen justos los juicios contra los militares.
En contraposición, el fiscal Diego Vigay declaró que “la Fiscalía en términos generales está muy conforme con la sentencia porque se ha condenado a siete de los responsables sobre un total de nueve y en el caso de las víctimas que esperaban algún tipo de reparación y por las que se llegó a juicio, podemos decir que un 90 por ciento de los casos han tenido algún condenado”.
Asimismo, el exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes Pablo Vassel, declaró que “en este momento, frente a tantas voces negacionistas, una resolución más vuelve nuevamente a demostrarnos la magnitud del terror y espero que esta sentencia, aunque como todas las de su tipo, llega tarde para las víctimas, sea un poco de alivio para quienes sufrieron y buscaron justicia sin bajar los brazos”.
Y explicó que este juicio “cierra la etapa de investigación de los crímenes más aberrantes que registra la historia de Corrientes que tuvieron como epicentro la VII Brigada de infantería y la Jefatura de la Policía de la provincia más el escuadrón de Gendarmería, una perfecta combinación represiva que azotó todo el norte argentino, pues desde esta brigada se dirigió el terrorismo de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones”.
Por su parte, la sobreviviente Judith Casco, quien fue privada de su libertad junto a una hija de 10 días de vida, Guadalupe Arqueros, al término de la audiencia dijo que se ha logrado “la Justicia que nosotros no tuvimos y que los 30.000 tampoco tuvieron, ni la posibilidad de tener un juicio, esto construye la memoria y sigue, porque a donde vayan los iremos a buscar”.
En tanto que Víctor Hugo Benítez, sobreviviente del excentro clandestino de detención del Regimiento de Infantería 9, hoy espacio de memoria, indicó que “me pone muy contento porque se trata de una reivindicación a los que no están, golpea fuertemente a la impunidad y significa, en el contexto actual, que la memoria es presente porque estamos a las puertas de que pueda volver a suceder con otros formatos ante lo que pueda suceder en las elecciones que más que nunca se debe decidir entre democracia o fascismo”.
Este juicio es el décimo celebrado en la provincia de Corrientes por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura. Según la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nacón, desde la recuperación de la democracia han sido condenados casi 1.200 represores por estos crímenes.