En diciembre de 1978, luego de que en los diarios se publicara que varios cuerpos habían aparecido en las cosas, las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavello de Mascías fueron al juzgado de Dolores a hablar con el juez Carlos Facio.
Querían saber si eran sus hijos, a quienes buscaban desde hacía meses.
El juez, Carlos Facio las atendió pero no las dejó ver los cadáveres, que se enterraron como NN.
Por la omisión de investigar lo que había pasado con las catorce personas cuyos restos habían aparecido en las costas en diciembre de 1978 y por impedir su reconocimiento, el juez Martín Bava procesó a Facio por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Bava también elevó a juicio al médico policial Miguel Cabral, que intervino en cuatro expedientes sin consignar las muertes violentas de las víctimas, y al exjefe de Catastro del municipio de General Lavalle Juan Domingo Montenegro, que según surge de los documentos de inteligencia de la Policía Bonaerense fue parte del encubrimiento posterior para que los organismos de derechos humanos no hallaran los cuerpos enterrados como NN.
En la misma resolución, Bava mandó a juicio a siete exagentes de la Policía bonaerense que cumplieron funciones en la costa: Domingo Martínez, Alberto Martínez, Emilio Luchetti, Juan Antonio Estrada, Mario Castronuovo, Ednio Llorens y Francisco Aristegui.
La fiscal Laura Mazzaferri sostuvo que todos los imputados tuvieron una “participación indispensable para la producción de los homicidios masivos a través de los vuelos de la muerte”.
La investigación se ciñó a lo sucedido con los restos de catorce personas que habían aparecido entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 en las costas del actual Partido de la Costa, Pinamar y Villa Gesell.
En democracia, diez de esos cuerpos pudieron ser identificados gracias al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF): Cristina Magda Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña, Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, María Cristina Pérez, Carlos Antonio Pacino, Santiago Villanueva y Omar Rodolfo Farías.
Cuatro de ellos habían estado secuestrados en el circuito conocido como Atlético-Banco-Olimpo.
La Justicia argentina ya acreditó que los vuelos de la muerte fueron la fase final del exterminio en distintos centros clandestinos de detención.
En 2017, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó a los pilotos del vuelo en el que tiraron a las aguas a las Madres Azucena Villaflor, Esther Careaga y Ana Bianco, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y siete militantes más que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz.
Otro tribunal de San Martín sentenció a los jefes de la estructura de aviación de ejército con asiento en Campo de Mayo.