El gobierno británico oficializó este jueves la nacionalización de British Steel, la principal acería del país, que vuelve así a manos del Estado casi cuatro décadas después de haber sido privatizada durante el gobierno de Margaret Thatcher en 1988. La medida se concretó después de que Londres no lograra cerrar un acuerdo con Jingye, el grupo chino que hasta entonces era propietario de la compañía, para asegurar su continuidad.
La nacionalización se formalizó tras la sanción real de la Ley de Nacionalización de la Industria Siderúrgica, aunque el proceso venía gestándose desde abril de 2025, cuando el Ejecutivo tomó el control operativo de la empresa ante el riesgo de que Jingye cerrara la planta de Scunthorpe, en el norte de Inglaterra. En ese momento estaban en juego cerca de 2.700 puestos de trabajo directos en la planta, además de miles de empleos vinculados a la cadena de suministro.
El primer ministro Keir Starmer sostuvo que British Steel forma parte del entramado de la nación y constituye un pilar de la fortaleza industrial británica, y afirmó que la decisión asegura el porvenir de la siderurgia en el Reino Unido, protege empleos calificados y resguarda una capacidad productiva estratégica para el país.
La planta de Scunthorpe es, según Reuters, la última instalación de producción primaria de acero que queda en el Reino Unido, y provee de material a los sectores ferroviario, de la construcción y automotor. En los últimos años, sin embargo, había arrastrado dificultades por los altos costos energéticos internos y por la sobreoferta de acero a nivel global, lo que erosionó su rentabilidad y llevó a Jingye a plantearse el cierre de la operación.
Ante la imposibilidad de encontrar un comprador privado que garantizara la continuidad de la empresa, Starmer había anunciado en mayo que su gobierno impulsaría una legislación específica para poder asumir la propiedad de la compañía. Con la ley ya aprobada, el Ejecutivo designó un nuevo equipo directivo, cuya tarea inicial será estabilizar las operaciones, velar por la seguridad laboral, sostener la producción y trabajar junto a sindicatos y trabajadores para transformar a British Steel en una empresa comercialmente viable y con menor huella de carbono.
La nacionalización se enmarca además en un paquete más amplio de medidas de protección a la industria siderúrgica nacional: una reducción del 51% en los cupos de importación de acero libres de aranceles y un esquema de apoyo a los costos energéticos de las acereras, que según el gobierno representa cientos de millones de libras esterlinas anuales a través de los programas “Supercharger” y “British Industrial Competitiveness Scheme”.
La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, defendió la decisión al señalar que el acero es clave para la seguridad, la resiliencia y la fortaleza económica del país, y remarcó el compromiso del gobierno con la inversión en sectores estratégicos para el crecimiento.
Por su parte, el consejero delegado interino de British Steel, Allan Bell, calificó la jornada como histórica tanto para la compañía como para la industria manufacturera británica, al considerar que la medida fortalece la seguridad nacional y la infraestructura del país.
El secretario de Estado de Empresa y Comercio, Peter Kyle, resumió el espíritu de la operación al sostener que British Steel pasa a pertenecer al pueblo británico, con la vista puesta ahora en el futuro de la compañía.