El proyecto de reforma penal juvenil ingresó a la Cámara de Diputados. Será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves.
La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento.
El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas “socioeducativas y penas alternativas”, y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.
El Gobierno insiste con bajar la edad a los 13 años, sin embargo, sectores que quieren acompañar la iniciativa, como el PRO o el Frente Renovador plantean fijar la edad en 14 años.
Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.
El proyecto implica un aumento del gasto público para crear los espacios de detención correspondientes. Este fue un punto de tensión con gobernadores que se mostraban dispuestos a acompañar la reforma pero que decían no contar con los fondos suficientes.
Por ese motivo, la aclaración sobre el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias es un punto clave en la búsqueda de votos. El texto establece que el costo fiscal será de $ 23.739.155.303.