Castillo se vio obligado a renunciar a la fuerza política que lo llevó al poder luego de la exigencia pública que le formuló Cerrón, lo que cristalizó una ruptura que llevaba meses y que nunca logró tener un punto de equilibro desde que asumió el gobierno, hace poco menos de un año. El jefe de Estado había sido reclutado por Cerrón a fines de 2020 para llevarlo a la presidencia, ante la imposibilidad de postularse por estar condenado por corrupción.
Para obtener el triunfo electoral, el exmaestro rural tejió alianzas con sectores de izquierda más moderados, y se vio obligado a matizar el discurso populista y combativo de Perú Libre. A partir de ese desequilibrio, y con acusaciones de corrupción, la distancia entre Cerrón y Castillo fue ensanchándose hasta la renuncia obligada del mandatario al partido.
La pérdida de una fuerza política que lo apoye en el Parlamento, pone la permanencia de Castillo en situación de jaque permanente. Desde que asumió el 28 de julio del 2021, ya atravesó dos mociones de censura pero no se alcanzó los 87 votos necesarios para destituirlo.
La primera intentona fue en diciembre, a cinco meses de haber asumido la jefatura del estado. La segunda en marzo de 2022. La acusación fue la misma: “permanente incapacidad moral”, en base a supuestos hechos de corrupción de Castillo y de miembros de su gabinete. En ambos embates, Castillo salió airoso por el respaldo de los legisladores de Perú libre, con quienes ya no podrá contar.
A esto se suma que la mayoría de las encuestas indican que el 70 por ciento de los peruanos reprueban el gobierno y se inclinan al llamado de nuevas elecciones. Algunos sectores con cada vez más adeptos, agitan la consigna “que se vayan todos”.
Sobre este clima social, Cerrón intenta despegarse de la gestión de Castillo y enfrentar con más fuerza las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo 2 de octubre. En los comicios, volverá a blandir la propuesta que llevó a Castillo a la presidencia y que el mandatario abandonó: convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución que reemplace a la de 1993, impulsada por el expresidente Alberto Fujimori tras haber dispuesto la disolución de congreso en 1992.
La moción de censura contra el presidente está incluida en esa carta magna. La inestabilidad está instalada como parte del paisaje político en Perú. En los últimos 4 años pasaron cinco jefes de estado: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y el actual, Pedro Castillo, que ve severamente amenazada su permanencia en el poder.
“No veo la destitución en un panorama próximo”, dijo el politólogo peruano Roger Santa Cruz a la agencia pública de noticias, aunque advirtió que en medio de la incertidumbre tampoco se puede descartar una futura caída de Castillo mucho antes de que termine su período en 2026.
La nueva portavoz de Perú Libre, Silvana Robles, aclaró que a pesar de la ruptura no se sumará a la “ofensiva golpista”, en referencia a las acciones impulsadas por tres partidos de derecha “dura”.
En teoría, si las cuatro facciones en que se divide ahora lo que fue la bancada de PL se mantienen unidas para evitar la destitución, lograrán impedir, junto con la agrupación aliada Cambio Democrático y algunos otros congresistas, que la contraparte alcance los 87 votos (de 130) que se necesitan para vacar (destituir) a Castillo en el Congreso.
“No creo que PL apoye la vacancia, porque preferirá conservar una porción de poder a perderlo todo”, afirmó Santa Cruz. En igual sentido, se pronunciaron otros analistas que consideran improbable que el partido termine de furgón de cola de las fuerzas opositoras más radicales.
Sin embargo, hay quienes dudan: el reconocido periodista César Hildebrandt, por ejemplo, asegura tener información de que Cerrón tiene un acuerdo con la vicepresidenta Dina Boluarte para que ella asuma el Gobierno tras una hipotética destitución.
Boluarte, ministra de Inclusión Social y quien también está en riesgo de ser sacada por el Congreso, fue expulsada meses atrás de PL por criticar a Cerrón, pero Hildebrandt asegura que, según sus fuentes, las discrepancias fueron superadas.
Mientras tanto, el fantasma de la acusación constitucional, que será solicitada al pleno del Congreso por la Comisión de Fiscalización, se convierte en otra espada amenazante para el mandatario, aunque tampoco eso implica una salida inmediata del poder.
La Comisión, presidida por el representante de derecha Héctor Ventura, dice tener “elementos probatorios e indiciarios que acreditan las presuntas comisiones de delitos” por parte de Castillo, quien se expone a señalamientos por “organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo”.
La lucha entre un Gobierno y un Congreso que según las encuestas tienen un rechazo popular de 82% y 88%, respectivamente, mantiene en vilo al país desde que asumió Castillo, un maestro rural de 52 años cuya única experiencia política previa era como dirigente sindical del magisterio.