El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, explicó que el pedido de liberación de las siete mujeres detenidas en la localidad de Villa Mascardi lo debe decidir la jueza a cargo del expediente.
“Hubo una semana de trabajo previo de preparación de una estrategia que nos permitiera ingresar a ese lugar, para poder resolver el tema de la usurpación. Funcionó y no entramos con armas letales. Hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa; es la Justicia la que decide, no soy yo”, indicó el ministro a la Televisión Pública.
En tanto, desde organismos de derechos humanos como el CELS aseguraron que la jueza federal Silvina Domínguez ordenó trasladar a Buenos Aires a las mujeres imputadas. Además, remarcaron que una de las detenidas tiene 40 semanas de embarazo, y que hay dos niños de meses junto a ellas.

[AHORA] La jueza federal Silvina Domínguez informó a les abogades defensores que van a trasladar a las mujeres mapuches detenidas a la Ciudad de Buenos Aires. No les dan más información sobre esa medida.

No está bien. Está mal. https://t.co/V6dA2iyh55

— CELS (@CELS_Argentina) October 6, 2022

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, advirtió este jueves que “la situación es sumamente preocupante” en relación a las integrantes de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu.
Gómez Alcorta detalló que entre las siete mujeres detenidas se encuentra “una líder espiritual”, dos de ellas se encontraban con “sus niñes muy pequeñitos” y había una mujer embarazada de cuarenta semanas “y con algunos temas de presión alta”.
“Inmediatamente, el ministerio y otros organismos buscamos la información que era confusa en un primer momento. Sabíamos que se habían presentado varias excarcelaciones. Presentamos un escrito en la causa haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada que se llama Romina, manifestando la preocupación por el riesgo de su vida. Tomamos conocimiento ayer que se rechazaron todas esas excarcelaciones”, afirmó la ministra en declaraciones radiales.
Según la ministra, se trata de “mujeres que están incomunicadas hace 48 horas” y consideró que “lo más grave” es que estos pedidos de excarcelaciones “fueron rechazados por una cuestión formal de que no tienen designados abogados o abogados particulares”.
El operativo en Río Negro se llevó a cabo en cumplimiento de la orden judicial de la jueza federal subrogante Domínguez, quien dispuso “hacer cesar el delito” en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, para lo cual decretó el secreto de sumario, en un caso en el que, además, interviene la fiscal Cándida Etchepare.
Además de los arrestos, continúan los rastrillajes en busca de otros integrantes de Lof que podrían haberse replegado “montaña arriba”, según la evaluación de los oficiales a cargo del operativo.
Mientras tanto, personal de Gendarmería permanecía en los lugares desalojados para evitar un posible reingreso de personas, según informó la agencia pública de noticias Télam.
Fernández aclaró que a su cartera, a partir de ahora, “le toca otro tipo de tareas” conforme a “lo que vaya indicando la jueza”.
El ministro afirmó que “las expresiones positivas que ahora se vierten” no condicen con “lo que venía sucediendo el último tiempo”.
“Han incendiado un montón de casas, tomaron campos y agredieron gente. Nos quemaron una casilla de la Gendarmería. No condice una cosa con la otra. Vengo insistiendo en que en la provincia se arme una mesa para que se hable con esta gente, negociando cosas de otro color pero que no sea bajo la presión de agravios, insultos o fuerza bruta”, finalizó el ministro.
Según informaron fuentes de fuerzas federales citadas por Télam, cuatro de las mujeres detenidas durante el operativo de desalojo llevado a cabo este martes en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, fueron trasladadas en las últimas horas de ayer por orden judicial al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

En tanto otras dos mujeres no fueron trasladadas debido a que ambas tienen bebés de pocos meses y son lactantes, por lo que “continuarán restringidas en las dependencias que la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Bariloche”, según lo resuelto por la magistrada.

Una séptima mujer, que cursa un embarazo avanzado, quedó internada en el hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche.

Al referirse a las detenidas, Gómez Alcorta indicó que la “falta de asignación está vinculada a la incomunicación” de las detenidas, lo cual constituye “un círculo perverso”.

“No se puede negar en el marco de un estado de derecho la posibilidad de tener un abogado o abogada, no importa que hayan hecho. En este caso, la magistrada negó este derecho”, criticó.

Además, contó que “el traslado de cuatro de las mujeres a la cárcel de Ezieza” con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona por lo que, en este momento, “hay cuatro mujeres a 1.500 kilómetros de donde viven sin haber tenido contacto con un abogado o abogada”.

En tanto, remarcó que lo más grave “es que no se sabe aún hoy qué es lo que se les imputa”.

“Ayer a la noche la mujer que estaba embarazada supuso que empezaba con trabajo de parto. Nosotros tenemos la ley del parto respetado, humanizado que permite que todas las mujeres y personas gestantes estén con una persona de confianza y a parir teniendo en consideración las pautas culturales y esto no se permitió”, lamentó.

Gómez Alcorta remarcó que el ministerio está interviniendo y que hay una coordinadora del ministerio en Bariloche, pero que se trata de “actuaciones pura y exclusivamente ordenandos por la jueza” y que el ministerio “no forma parte del proceso, ni tiene acceso al expediente judicial”.

“Nuestro rol desde el ministerio es resguardar a todas las mujeres. Nos preocupamos particularmente por las que viven en nuestro país cuando se encuentren con violaciones a sus derechos y estamos en un caso de esa naturaleza”, completó la ministra.