Escándalo internacional

El material enviado a Bolivia desde la Argentina sería más que el denunciado

Un informe preliminar del Ministerio de Seguridad argentino constató “inconsistencias” en el envío de material y armamento policial por parte de la gestión de Mauricio Macri a Bolivia para reprimir las protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales, como fue denunciado el jueves por el gobierno de ese país.

Así lo asegura un documento preliminar de las fuerzas federales a partir de la investigación administrativa que ordenó Sabina Frederic a partir de la denuncia del canciller boliviano, Rogelio Mayta.  Según aclararon desde ese Ministerio, la información será actualizada en las próximas horas para “esclarecer” las afirmaciones del vecino país, y luego de que Frederic estableciera un plazo no mayor a 72 horas para realizar un “análisis exhaustivo sobre las posibles responsabilidades de autoridades y agentes federales” en los hechos.

El informe dado a conocer este sábado da cuenta de “inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (el exRenar) y lo registrado por la Policía boliviana”.

Este documento se suma a las declaraciones del ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, quien en la noche del viernes dio por confirmada la existencia del original de la carta que el exjefe de la Fuerza Aérea boliviana envió al exembajador argentino agradeciendo el envío de material policial.

Según la cartera de Frederic, el 11 de noviembre de 2019 la Dirección de Logística de la Gendarmería argentina, “en cumplimiento de lo ordenado por su Director Nacional, Gerardo José Otero, solicitó que se autorice el uso del material y equipamiento por parte del Personal de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán de esa fuerza en el territorio de la República de Bolivia”.

También se precisa que ese mismo día, con la misión de “brindar seguridad y protección al Embajador y el personal de la Embajada argentina en Bolivia”, se autorizó por 90 días corridos a la Gendarmería Nacional el envío a Bolivia de 10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70.

Asimismo, dice el informe que se habilitó el traslado de once miembros de la Gendarmería.

En tanto, el 12 de noviembre, se solicitó y autorizó ampliar a 70.000 cartuchos anti-tumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta, según detalla el informe oficial y agrega que el mismo día “se amplió la autorización para el envío de 661 granadas de mano de gas hostigamiento”.

Dos meses después, el 20 de enero de 2020, la Policía Boliviana presenta dos informes a la Embajada argentina en Bolivia elaborados por la policía boliviana los días 12 y 28 de noviembre de 2019.  En ellos, “la policía boliviana autoriza la internación y porte temporal en el Estado Plurinacional de Bolivia, de armas de fuego, su munición y materiales relacionados, al personal de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán para seguridad en las instalaciones diplomáticas. Y se agrega que el mismo será transportado en fechas 12 al 14 de noviembre (…) en un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina”.

En ese marco, es que el informe especifica que se encontraron “diferencias entre lo pedido y lo registrado por la Policía boliviana” y agrega que “en el informe no figuran de granada de mano ni spray anti tumulto, que sí están en lo enviado por Argentina”. “En lo enviado por Argentina figuran 70 mil cartuchos antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1.350 cartuchos. Tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en Argentina de Manta Antibomba que sí figura en los registros de la policía boliviana, así como ocurre con detector de metales y demás elementos”, se detalla.

Seis meses después, el 15 de julio de 2020, en la rendición de cuentas del Servicio Administrativo financiero de Gendarmería se informa que “la Agrupación Fuerzas Especiales de GNA durante su permanencia en Bolivia: han brindado seguridad a la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de noviembre de 2019 hasta junio de 2020”.

También informa que “a los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión”.

El informe afirma textualmente: “En dichas instrucciones se emplearon 70.000 cartuchos” antidisturbios.

Luego, concluye con un “dato llamativo”: el Grupo Alacrán constituye un Grupo de Operaciones Especiales que “no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios”, según indicaron desde la cartera de Seguridad. “El Grupo Alacrán no es el encargado de manejar munición antitumultos sino que utiliza armamento letal. Por tal motivo, no se comprende las aludidas prácticas de entrenamiento que insumieron las 70.000 municiones 12/70 AT que el Grupo habría realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia”, dice el informe oficial.

Y concluye: “La inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (exRenar) y lo autorizado y registrado por la policía boliviana muestra diferencias sugestivas en lo que refiere al armamento declarado ante las autoridades bolivianas (granadas no informadas) y las cantidades de municiones registradas (1.350 municiones anti-tumultos registradas por la policía boliviana y más de 70.000 utilizadas por la Agrupación Alacrán de la Gendarmería”.

Para Frederic, es “gravísimo y escandaloso” el apoyo del expresidente Mauricio Macri al golpe en Bolivia en 2019 y sobre la información encontrada en los archivos de la Gendarmería, explicó: “Por ahora tenemos la posibilidad de confirmar que es altamente probable que esto haya sucedido”, dijo y aseguró que “todos los funcionarios están trabajando para dar con los responsables”.

Frederic remarcó que “muchas dependencias del Estado tuvieron que intervenir” para el envío de ese material durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y citó al “Ministerio de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Seguridad y la Aduana”.  “Por lo tanto es muy difícil pensar que estas acciones no las supiera el expresidente” Macri, dijo Frederic.

Confirmaciones en Bolivia
El ministro Novillo, en tanto, que la información encontrada hasta ahora “demuestra que el golpe de Estado en Bolivia para la asunción de la usurpadora presidenta golpista ha tenido el apoyo internacional de países como la Argentina, y eso se demuestra fehacientemente con información constatada en la Fuerza Aérea boliviana”.

“Esto es importante para los fines de investigación de todos quienes participaron en el golpe de Estado de fines de noviembre (de 2019), y que no fue solo una acción de civiles y militares locales sino también internacional, de otros países, como en este caso de Argentina”, advirtió.

Novillo insistió en que su Gobierno trabajará para que “se siga aclarando cada vez más la participación de gobiernos de otros países, como en este caso la Argentina”, durante la gestión de Macri como presidente.

Tras leer la carta del exjefe de la Fuerza Aérea Jorge Terceros Lara al exembajador en La Paz Normado Álvarez García -en la que agradece el envío de proyectiles y granadas y describe ese material-, el ministro dijo que la Aeronáutica de su país confirmó “la existencia real, verídica y auténtica” de la nota, y mostró una copia legalizada con fecha de hoy.

Novillo dijo que el original de la carta de Terceros Lara “está en los archivos del Comando General de la Fuerza Aérea”, que “lleva sellos de la Fuerza Aérea boliviana y de instituciones argentinas” y que está sumado a las investigaciones.

También dijo que se confirmó que el 13 de noviembre de 2019 arribó a Bolivia “un avión (Hércules) C-130 de la Fuerza Aérea Argentina transportando personas y cargamento”, y que ese procedimiento “está debidamente documentado”.

Novillo aclaró que “como se trata de un avión de una Fuerza Aérea extranjera, la Cancillería solicita la autorización del sobrevuelo y el aterrizaje” de la nave, a diferencia de cuando el aparato es particular y “quien autoriza -explicó- es la DGAC (Dirección General de Aviación Civil)”.

También resaltó que “es importante saber y tener claridad que estaba en funciones la señora usurpadora Jeanine Añez con todo su gabinete ejerciendo de manera irregular, ilegal e inconstitucional el Gobierno en esa fecha que se autoriza que el avión sobrevuele y aterrice en el aeropuerto de El Alto con personal y cargamento respectivo”.

Novillo explicó que “en cuanto a ese personal y al cargamento, la documentación que está en la Fuerza Aérea (boliviana) está en etapa de verificación”.

“Haremos conocer la recepción de personal y la naturaleza del cargamento que se ha recibido, aunque ya se describe en la carta” de Terceros Lara al exembajador. En ese sentido explicó que “se van a cruzar” esos datos asentados en la nota “con la información que tengamos de la Fuerza Aérea boliviana”.