En las últimas semanas, muchas comunidades educativas argentinas se vieron sacudidas por una serie de incidentes que trascienden el aula física: amenazas de tiroteos, pintadas intimidatorias y ataques organizados que encuentran en la viralización su combustible principal.
Este fenómeno no es aislado, sino la punta del iceberg de una crisis profunda que entrelaza la salud mental, la brecha tecnológica y un sistema judicial que intenta adaptarse a marchas forzadas.
Para desentrañar esta compleja trama, Televisión Pública Noticias recogió las perspectivas de dos especialistas clave: Paula Watcher, directora de Red por la Infancia, y Pilar Molina, responsable de Gestión del Ministerio Público Tutelar de CABA.
La retroalimentación del mundo híbrido
Históricamente, el acoso escolar o bullying encontraba un límite físico en la puerta de la escuela o en el horario de salida. Sin embargo, Watcher advierte que esta distinción ha dejado de existir.
Los adolescentes de hoy habitan lo que ella denomina un “mundo híbrido”, donde la frontera entre lo digital y lo presencial es borrosa, si no inexistente.
“La violencia que sucede en entornos digitales no está separada de la que sucede y se traslada en el mundo físico. Se retroalimentan una a la otra”, afirma la especialista.
Esta interconexión significa que un conflicto iniciado en un chat de WhatsApp puede escalar rápidamente hasta convertirse en un ataque físico en la esquina de la escuela, mientras que la grabación de dicho ataque vuelve a las redes para ser consumida y celebrada por una audiencia global, generando un ciclo de violencia perpetuo.
El desafío de la brecha generacional
Uno de los puntos más críticos señalados por la especialista es la incapacidad del mundo adulto para seguirle el ritmo a la revolución tecnológica. Watcher utiliza una metáfora contundente para describir este desfasaje: “Tenemos emociones del Paleolítico, instituciones del medioevo y tecnología del Olimpo. Y en el medio tenemos que cerrar esas brechas como se puede”.
Esta desconexión deja a los padres y docentes en un lugar de vulnerabilidad. Al desconocer los riesgos intrínsecos de las plataformas que utilizan los menores, los adultos se ven imposibilitados para prevenir situaciones de peligro.
“No podemos prevenirlos de aquello que ignoramos”, sentencia. La consecuencia directa es una generación de niños y adolescentes que navegan por entornos de alta complejidad sin la supervisión o guía necesaria.
La perspectiva judicial: el delito de amenazas y el silencio
Cuando la violencia escala al nivel de amenazas de atentados o actos de vandalismo, interviene el sistema judicial.
Pilar Molina, desde el Ministerio Público Tutelar, aporta una visión técnica y preocupante sobre cómo se procesan estos casos. La figura legal central es el delito de amenazas anónimas.
“El delito que está tipificado es el de amenazas anónimas y nosotros al haber involucrados niños niñas y adolescentes también tenemos una participación”, explica Molina.
Sin embargo, el desafío legal no es solo punitivo. Uno de los mayores obstáculos para la justicia es el “silencio adolescente”: según datos oficiales, 1 de cada 4 jóvenes no comunica la violencia que vive. Esta falta de denuncia impide que las instituciones actúen antes de que la situación se vuelva irreversible.
Frente a estos casos, surge el interrogante: ¿se debe criminalizar a un adolescente por una amenaza o una pelea?
Molina defiende un enfoque de justicia restaurativa, implementado a través de programas como “Convivencia Respetuosa entre Pares”.
“Ese programa da una respuesta a situaciones de violencia en la convivencia moderadas a graves, con lo cual no es que judicializamos el mínimo conflicto social”, aclara Molina.
El objetivo no es el encierro o la sanción meramente administrativa, sino la reparación. “En general se les asignan pautas de conducta buscando reparar ese daño que hice tanto en una persona individual como en mi comunidad”. Este proceso implica que el joven entienda el impacto de sus acciones y trabaje activamente para resarcir al entorno afectado.
¿Prohibir o educar?
Ante la crisis de salud mental, que incluye un incremento drástico en las tasas de suicidio adolescente (triplicadas en los últimos 30 años en Argentina), ha resurgido el debate sobre la prohibición de celulares en las escuelas. Paula Watcher es categórica al respecto, citando el fracaso de experiencias internacionales como la de Australia, que prohibió las redes sociales para menores de 16 años.
“No es por ahí el uso restrictivo. Lo que hay que hacer urgente es darle herramientas a los chicos para saber cómo navegar de forma segura”, sostiene Watcher.
La prohibición suele generar una brecha de comunicación aún mayor entre padres e hijos, dificultando que los jóvenes pidan ayuda cuando se encuentran en problemas en el entorno digital.
Ambas especialistas concluyen que es necesario construir desde las comunidades educativas una respuesta multidimensional, porque consideran que la solución a la violencia escolar “no vendrá de una sola medida mágica”.
Requiere una integración entre el acompañamiento emocional, la alfabetización digital y un sistema judicial cada vez más humano.
Mientras Watcher invita a construir puentes en el mundo digital, Molina propone reparar los daños en el mundo real. En ese entrecruzamiento reside la única oportunidad de proteger el bienestar de los adolescentes en la Argentina actual. Como bien señalan ambas especialistas, el desafío es pasar de la conmoción a la acción.