La normativa quedó oficializada con la publicación de la ley 27.801 en el Boletín Oficial, diez días después de haber sido aprobada por el Senado, donde el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
Según el texto oficial, el objetivo del sistema es promover el sentido de responsabilidad legal por los actos cometidos y favorecer la educación, la resocialización y la integración social del adolescente.
La ley introduce un esquema de sanciones que combina penas judiciales con medidas orientadas a la formación y la integración social.
Entre las herramientas previstas se incluyen programas educativos obligatorios, capacitación laboral, actividades deportivas, recreativas o culturales y cursos de formación ciudadana.
También se contempla la posibilidad de tratamientos médicos o psicológicos y asistencia en servicios de salud acordes a la edad del adolescente.
El régimen establece además sanciones que podrán aplicar los jueces, como amonestaciones judiciales, restricciones para acercarse a la víctima, prohibición de asistir a determinados lugares o espectáculos, impedimentos para conducir vehículos y monitoreo electrónico.
Último recurso
En los casos en que corresponda una pena de prisión, la ley establece diferentes modalidades de cumplimiento, como detención domiciliaria, permanencia en institutos abiertos o alojamiento en centros especializados para adolescentes.
El texto dispone que los menores detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas y que los institutos deberán contar con personal capacitado para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.
Además, prohíbe la aplicación de penas de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y fija que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años, aun cuando el delito tenga una escala penal mayor.
Mediación, suspensión del proceso y derechos de las víctimas
El nuevo régimen también incorpora mecanismos destinados a evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos, entre ellos la mediación penal juvenil, la aplicación de criterios de oportunidad por parte del fiscal y la suspensión del proceso a prueba.
La ley reconoce además derechos específicos para las víctimas, garantizando que puedan ser informadas sobre el avance de la causa, participar en el proceso y solicitar medidas de protección.
En los casos en que se determine responsabilidad por daños, el texto habilita la posibilidad de exigir responsabilidad civil a los padres o responsables legales del adolescente, según lo determine la sentencia judicial.
La normativa además deroga la ley 22.278, que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de menores, e invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adaptar su legislación al nuevo sistema.
Por último, se establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá supervisar la implementación del régimen y coordinar su aplicación con las jurisdicciones provinciales.