La represión del gobierno de Gerardo Morales sacudió con fuerza a la sociedad jujeja y llegó a generar el repudio generalizado, tanto a nivel nacional como internacional.
En este sentido, y por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy.
A través de un comunicado el Gobierno nacional informó que el escrito presentado plantea la “gravedad institucional” generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, ya que “está en juego el orden institucional de la República y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.
La reforma fue aprobada la semana pasada en la legislatura provincial y desató una serie de protestas que derivaron en una violenta represión policial.
En un comunicado, el Gobierno informó que el escrito presentado plantea la “gravedad institucional” generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy ya que “está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”.
La presentación destaca asimismo que organismos internacionales de derechos humanos, “con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma”.
De esta manera, se hizo referencia a la comunicación oficial emitida el 20 de junio de 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que urgió al Estado argentino a “respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”.
También a la comunicación que el Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) envió al mandatario provincial expresando que lo dispuesto en Jujuy “no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
En tanto, para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la situación en Jujuy continúa siendo crítica. Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, detalló las acciones del organismo frente a los tribunales de la provincia norteña para proteger los derechos y la integridad física de las personas que continúan manifestándose.