Economía

El Gobierno le exige menos cortes y mejor servicio a las empresas eléctricas para autorizar subas de tarifas

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocará a una audiencia pública para definir aumentos tarifarios hasta 2030. Además, le exige a Edenor y Edesur invertir para reducir un 40% los cortes de luz.

El Gobierno le exige menos cortes y mejor servicio a las empresas eléctricas para autorizar subas de tarifas

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a dos audiencias públicas que marcarán el rumbo de las tarifas y la calidad del servicio eléctrico.

El martes 28 de enero se lanzará la convocatoria para debatir los parámetros de distribución, con una audiencia programada para el jueves 27 de febrero por streaming.

Según las resoluciones del ENRE, el objetivo es reducir en un 40% la duración y la frecuencia de los cortes de luz en los municipios más afectados del Gran Buenos Aires.

Las metas para 2030 son ambiciosas: entre 2,8 y 3,3 horas de interrupciones y entre 1,2 y 1,4 cortes por semestre.

“En algunas comunas de la Ciudad, donde el servicio es mejor, también se busca una mejora del 30%”, adelantaron desde el ENRE.

Estas metas son teóricas, porque los indicadores actuales muestran una prestación muy por debajo de lo esperado.

La discusión tarifaria también está sobre la mesa.

El lunes 31 de marzo, el ENRE publicará los nuevos cuadros tarifarios, vigentes desde el 1 de abril.

La estrategia del Gobierno es clara: aumentos mensuales por debajo de la inflación pasada.

En este caso, las boletas para hogares no superarán el 9,9%, aunque en los pasillos oficiales aseguran que podría ser incluso menor.

Aquí surge la presión de las empresas del sector. Edenor, Edesur, Transener y otras grandes firmas buscan que el Gobierno habilite incrementos mensuales permanentes para evitar que sus ingresos queden atrasados frente a la inflación.

El ENRE también ajustó la tasa de rentabilidad de Edenor y Edesur, que pasará del 10,31% actual al 6,22% después de impuestos.

“La justificación es la baja del riesgo país, que reduce los costos de financiamiento”, explicaron desde el ente regulador.