El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece nuevas sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y contempla un régimen que alcanza actividades relacionadas con recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.
El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el esquema vigente desde 2011, concentrado en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen con alcance sobre distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales.
Las personas o compañías que realicen actividades prohibidas podrían recibir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de afrontar la suspensión o cancelación de permisos.
El texto también establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y prevé un endurecimiento de las penas cuando las actividades involucren la exploración o explotación de recursos naturales no renovables.
En esos casos, las condenas previstas van de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas serían de entre 15 y 20 años.
Además, las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo y las sanciones también podrían involucrar a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino.
El proyecto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina.
Otro de los capítulos crea un Sistema de Seguridad Nacional que articulará áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras consideradas críticas.
Con el texto ya enviado a Diputados, comenzará ahora la etapa de negociación parlamentaria para avanzar con su tratamiento y definir el cronograma de las comisiones que intervendrán en el debate.