El vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que el Gobierno presentará un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental N°26.657 que rige actualmente y que está vigente desde 2010 en la Argentina.
“En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X, sin dar detalles sobre el proyecto.
Aún no se conoce la letra de la reforma. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto tiene la intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.
“Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, argumentaron, al tiempo que revelaron que aspiran a “clarificar” conceptos y criterios.
Uno de los impedimentos señalados por la cartera de Salud es que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.
El Gobierno sostiene que esta reforma retoma aportes de familiares y pacientes. Entre los cambios propuestos, el proyecto plantea reemplazar el término “padecimiento mental”, considerado ambiguo, por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, “incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”.
Asimismo, se propone reemplazar el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”.
Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”, y remarcan que los psiquiatras podrán indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. “Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron.
El proyecto reconoce que el cierre de hospitales psiquiátricos, como impulsa la ley vigente, no siempre resulta posible por limitaciones de infraestructura, personal y seguridad, ya que actualmente existen 30 instituciones públicas monovalentes y al menos 139 privadas. Frente a esto, se propone fortalecer una red de atención en salud mental de distintos niveles de complejidad, incluyendo hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.