El ejecutivo argumenta que la puesta de la empresa en manos de privados “y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue dispuesta mediante el decreto 873/2024, basado “en los términos y con los efectos previstos en la Ley 23.696 que regula las privatizaciones de las empresas del Estado”, se explicó.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y del ministro de Economía, Luis Caputo, y deberá ser tratado por el Congreso de la Nación, donde ya “tiene asignado un trámite parlamentario de naturaleza prioritaria previsto específicamente por ley”.
“El Gobierno nacional se encuentra desarrollando un amplio programa de transformación del sistema nacional de transporte en general y aéreo en particular, tendiente a racionalizar la oferta de servicios, expandir las inversiones y disminuir los costos; ello con la perspectiva de contribuir al incremento de la competitividad de la economía y al mejoramiento de la calidad de los servicios”, apunta el texto.
Según el Capítulo II de la Ley N° 23.696, el Gobierno puede declarar a las “empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional” como “sujetas a privatización” para proceder a su privatización total o parcial o a la liquidación.
En los fundamentos del decreto publicado se recuerda que mediante el DNU 70/2023 “se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, y se dispuso un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo”.
Además, se hace hincapié en que conforme a la información presupuestaria publicada por la Oficina Nacional del Presupuesto de la cartera de Economía “en el año 2023 solamente siete de las empresas estatales obtuvieron ganancias y únicamente cuatro no requirieron el aporte de fondos del Tesoro”.
“La privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”, sostuvo el Poder Ejecutivo al argumentar el decreto.
En ese marco, advirtió que “a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado Nacional y la disminución de aportes del Tesoro, los estados contables de la empresa mantienen un grave déficit que imposibilitan su funcionamiento en condiciones de libre mercado”, y subrayó que el Gobierno “tiene como objetivo primordial la emisión monetaria cero”.
“En un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9 % de la población y la indigencia al 18,1% el Estado Nacional debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen. En ese sentido, el Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina”, afirma el texto.