El FBI allanó la mansión de Donald Trump en Florida

El expresidente Trump dijo en un comunicado el lunes que el FBI registró su mansión en Florida, en lo que describió como una “redada”.

No quedó claro de inmediato por qué los agentes registraron su casa en Palm Beach, llamada Mar-a-Lago, ni y qué se llevaron, pero Trump dijo que la propiedad estaba “bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”. Agregó que los agentes rompieron su caja fuerte.

De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación relevadas por la agencia AP y el New York Times, la  búsqueda conducida por la agencia federal corresponde a la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Donald Trump.

En febrero de este año se supo que los Archivos Nacionales de EE. UU. habían alertado al Departamento de Justicia tras encontrar materiales secretos en cajas de documentos que Donald Trump retiró indebidamente de la Casa Blanca.

Los archivos presidenciales estadounidenses se consideran propiedad del estado desde Ley de Registros Presidenciales de 1978, que obliga a los jefes de estado a poner a disposición de los Archivos Nacionales todos los materiales producidos durante sus mandatos.

La presunción de David Ferriero, respondable de la Administración Nacional de Archivos y Registros (Nara), era que Trump no solo había sacado de la Casa Blanca y llevado a su mansión información clasificada relacionada aseguridad nacional, sino que además, el exmandatario habría destruído archivos.

El castigo potencial por ocultar o destruir indebidamente registros presidenciales según la Ley de Registros Presidenciales es una multa, hasta tres años de prisión y tener que “renunciar a su cargo y ser inhabilitado para ocupar cualquier cargo en los Estados Unidos”.

La Constitución establece los requisitos para ser presidente, y la disposición de inhabilitación del estatuto no ha sido probada en un caso que involucre a un presidente.

Esta es una de varias causas penales que tienen a Trump en vilo actualmente. Además de la investigación sobre los hechos del 6 de enero de 2021, marcados por la toma del Capitolio, el expresidente debe lidiar con otras: una por interferir con las elecciones del estado de Georgia en 2020, otra que lo acusa de cometer fraude con milllones de dólares solicitados a sus simpatizantes para su campaña de 2020, además de dos casos civiles en Nueva York, relacionadas con su empresa.

El allanamiento del FBI, sin embargo, sorprendió a todos, especialmente al expresidente. Trump no estaba en su propiedad de Palm Beach durante la búsqueda.

“Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, dijo.

Un allanamiento a gran escala de la casa de un expresidente por parte de la agencia federal no tiene paralelo en la historia de Estados Unidos, y aunque los republicanos rápidamente denunciaron la medida como la “politización del Departamento de Justicia”, demuestra un nivel extraordinario de posibles problemas legales para Trump.

Ejecutar una búsqueda requiere la aprobación de un juez federal, quien emite una orden basada en la evidencia de un posible delito. Es poco probable que se solicite una orden judicial de tan alto perfil para registrar la residencia personal de un expresidente sin que altos funcionarios del Departamento de Justicia revisen la evidencia y aprueben la solicitud.

En su declaración, Trump calificó la búsqueda como un intento de influir en las elecciones intermedias de noviembre y la comparó con la campaña del entonces presidente Richard Nixon que intentaba molestar al Comité Nacional Demócrata durante el escándalo de Watergate.

La búsqueda del lunes tuvo lugar 48 años después del día en que Nixon anunció su renuncia en un intento por evitar ser destituido de su cargo a causa del escándalo.

Casualmente, una de las causas de la dimisión del presidente fue la decisión del Congreso de proceder con un juicio político en su contra, basado en la negativa de Nixon de entregar archivos presidenciales: horas de cintas donde revelaba su involucramiento en Watergate, entre otras confesiones poco presidenciales.

 Hoy Trump es  investigado por violar una normativa que es hija directa de esos días donde los presidentes podían destruir, ocultar y negarse a publicar la evidencia que los asociaba a potenciales delitos.