Gonzalo Quilodrán, director del organismo, dijo que “el fallo de la Sala 2 en lo Contencioso Administrativo Federal no es en contra del gobierno de Alberto Fernández o en contra del Enacom, sino que es en contra de esos millones de usuarios y usuarias porque hoy quedan rehenes de una empresa que de manera unilateral e injustificada puede aumentar los precios”.
“Nosotros trabajamos en el cuidado de esos millones de usuarios,. garantizando un precio razonable y justo”, agregó Quilodrán, quien explicó que en el contexto de excepcionalidad de una pandemia que azota al mundo entero, la conectividad es fundamental, desde su uso para el trabajo, los estudios e incluso para anotarse para recibir una vacuna.
La Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal definió que el DNU 690/20, que regula precios y establece la Prestación Básica Universal (PBU) en las telecomunicaciones, no se aplique a Telecom por un plazo de seis meses.
El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López por su parte, justificó la presentación de un recurso ante la Corte Suprema para que se revierta una decisión judicial en favor de Telecom, puesto que esa medida “rompe el equilibrio de las telecomunicaciones y deja como rehén a los usuarios de la voluntad de una empresa”.
Esta medida “trae aparejado cuestiones de injusticia muy grande, los millones de usuarios de una empresa ya no tienen la protección del decreto, no hay para ellos regulación de precios ni prestación básica universal”, afirmó López en declaraciones a Radio Nacional y a Rock and Pop.
“Además, trae un desequilibrio para aquellos que cumplen con la ley, genera no sólo una ruptura en el mercado de las comunicaciones porque hay una empresa no regulada y las demás que están reguladas; rompe el equilibrio de las telecomunicaciones, deja como rehén a los usuarios, que son muchos millones, de la voluntad de una empresa sobre el valor que quiera cobrarles”, señaló.
El último domingo, el Enacom informó en un comunicado que interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte con el objeto de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom.