En el día de ayer el INDEC dio a conocer que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en enero un aumento del 4,6%, lo que determina que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por $23.722 para no caer en situación de indigencia. A nivel interanual, la canasta marcó una suba acumulada de 44%, por encima del dato de inflación general.
Hernán Letcher, economista, director del CEPA, advirtió que “los aumentos en los alimentos golpean a los más pobres” y atribuyó los aumentos a la cadena de precios. “Hay alguien que se está avivando y remarcando en exceso”, aseguró.
Por otra parte, el economista aseguró que “empresas oligopólicas realizan desabastecimiento”. “Vacían las góndolas y generan una tensión cuyo objetivo es presionar sobre los precios”, explicó.
La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.
“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”, informó en un comunicado la secretaría que conduce Paula Español.
Las empresas de consumo masivo imputadas este miércoles por el Gobierno nacional, tras verificar faltantes puntuales en las góndolas, tendrán un plazo de 5 días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima, o de lo contrario podrán enfrentar sanciones de hasta $10 millones.