Por primera vez en la historia de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso recurrió al articulo 148 de la Constitución, y decretó la denominada “muerte cruzada”, disolviendo el parlamento y convocando a elecciones anticipadas.
La jugada de Lasso buscó evitar una condena en el juicio político que le había iniciado la Asamblea Nacional por corrupción. Más precisamente, por refrendar un contrato firmado por su antecesor Lenin Moreno, entre la flota petrolera ecuatoriana y el consorcio Amazonas Tankers, que habría representado un perjuicio a las arcas estatales.
Lasso había acusado a la oposición de querer sacarlo del gobierno y de no reconocer lo que considera logros de sus primeros 22 meses de gestión.
Con la Asamblea Nacional disuelta, el presidente gobierna por decreto hasta que se realicen nuevos comicios, dentro de 90 días, cuando se elegirán presidente y legisladores, cuyos mandatos regirán por el tiempo que resta para completar los actuales.
Un nuevo escenario político
Ahora, Ecuador acelera la búsqueda de candidatos tras la confirmación de la Corte Constitucional de la disolución del Parlamento decretada por el presidente, Guillermo Lasso. Mientras tanto el Consejo Electoral inició el proceso para las elecciones extraordinarias de presidente, vicepresidente y legisladores.
Aunque aún debe ser conocido por el pleno del Consejo Nacional Electoral, su presidenta Diana Atamaint, adelantó que las elecciones -a las que debe convocar hasta el próximo miércoles- podrían desarrollarse el 20 de agosto.
De ser necesario una segunda vuelta, ésta tendría lugar el 15 de octubre, por lo que, en noviembre, Ecuador ya tendría integrados el Ejecutivo y el Legislativo, según los cálculos de Atamaint.
Pero la convocatoria a elecciones y la disolución del congreso abren un nuevo escenario político, en el que diferentes partidos podrían recuperar espacios e incluso reposicionarse con mayor fuerza en Ecuador.
Uno de ellos es el Partido Social Cristiano, que apuesta al debilitamiento del oficialismo para constituirse como representante de la derecha neoliberal y conservadora.
El otro beneficiario de la situación es el expresidente Rafael Correa, y también la izquierda en general, principales impulsores del juicio político a Lasso. Correa sostiene que la decisión de Lasso no cumplió con los requisitos del artículo 148.
Pero en caso de que la Corte Constitucional la convalide, ya estaría pensando en un candidato de su sector que le garantice una victoria en los comicios y abra la puerta a su regreso a Ecuador, para buscar la presidencia en 2025.
Las elecciones extraordinarias encontrarán al correísmo en su mejor momento al haber quedando como la principal fuerza política del país en los comicios locales de febrero pasado.
Correa tilda de “inconstitucional” la disolución de la Asamblea por considerar que no había “conmoción interna”, y cree que Lasso opto por la medida para evitar la censura en el juicio político, pero sostiene que “lo mejor para la Patria es tener elecciones”.
El correísmo no ha mencionado aún posibles precandidatos, pero Andrés Arauz, quien perdió ante Lasso en el balotaje de 2021, habla de la necesidad de construir una coalición, un “bloque histórico”, que cobije a diversos movimientos sociales, incluidos los indígenas.
Otras fuerzas como Pachakutik y la Izquierda Democrática rechazan el decreto presidencial que disuelve la Asamblea Nacional, pero descartan salir a las calles para evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y militares, que anunciaron su decisión de mantener el orden en línea con la medida tomada por el Poder Ejecutivo, para evitar contribuir a un clima de ebullición social.
En este contexto, el gran interrogante es cómo será gobernabilidad hasta las elecciones que se estiman para agosto. Un período en el que Lasso, que aún no decidió si volverá a ser candidato y ostenta una escasa intención de voto, tendrá una concentración de poder sin contrapeso legislativo aunque acotada en el tiempo, en medio de la incertidumbre política sobre el futuro inmediato del Ecuador.