La Asamblea Nacional en Ecuador aprobó el martes un proyecto de reforma de la Constitución que permitirá el retorno de bases militares extranjeras en el país, como parte de los planes del presidente Daniel Noboa en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país.
Noboa, que ha declarado la guerra al crimen organizado ante el incremento de los asesinatos y ataques contra las Fuerzas Armadas, busca la cooperación de Estados Unidos.
La medida modifica el artículo 5 de la Constitución de 2008 que prohibía explícitamente el establecimiento de bases militares extranjeras y la cesión de instalaciones nacionales a fuerzas extranjeras.
Combatir el narcotráfico, la meta de Noboa
El proyecto fue aprobado con 82 votos a favor, 60 en contra y seis abstenciones y deberá ahora ser votado en un referéndum popular del que aún no se conoce fecha, pero que según la Constitución debería ser convocado en los próximos 45 días.
El presidente, que recién comenzó su mandato completo a fines de mayo, ha reiterado que el país requiere de la cooperación internacional para combatir a los grupos de narcotráfico que operan en distintas jurisdicciones.
Bajo el acuerdo, Ecuador cedería en comodato el control de la base al ejército estadounidense sin costo alguno para sus operaciones antidroga en el océano Pacífico. En 2009, el entonces presidente Rafael Correa decidió no renovar el pacto y ordenó el retiro de las tropas estadounidenses.
Los legisladores a favor señalaron que el 90 por ciento de los homicidios en Ecuador están vinculados al narcotráfico y recordaron que, durante la operación de la Base de Manta (1999-2009), las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498 por ciento.
En cambio, la legisladora Nuria Butiñá, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), expresó su preocupación por las implicaciones a largo plazo.
Butiñá advirtió que la reforma “podría dejar abierta la posibilidad de que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado”.
Bases estadounidenses en América Latina
Estados Unidos mantiene 6.000 bases militares en su territorio y unas 800 fuera de sus fronteras, de las cuales 76 están en América Latina y el Caribe.
La de Manta, en Ecuador, dominaba uno de los puertos fundamentales de un país petrolero, la frontera con la convulsionada Colombia y la estratégica cuenca del Putumayo.
En América Latina y el Caribe, el Comando Sur sostiene las bases de Guantánamo en Cuba, una docena en Puerto Rico, entre ellas la de Vieques, 3 en Honduras, entre ellas la de Soto Cano, donde se trasladó al depuesto Mel Zelaya tras el golpe de estado en 2009; la de Comalapa en El Salvador; 8 en Perú, entre ellas las de Iquitos, en la Amazonia, así como las de Santa Lucía Huallaga, Santa Lucía y Palmapampa.
En Colombia, funcionan siete bases, que Bogotá cedió para uso estadounidense. De hecho, todos los aeropuertos colombianos operan como bases donde las aeronaves militares estadounidenses se guarecen, reparan y recargan.
Según Sebastián Bitar, profesor asociado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes, la historia de las bases militares construidas por el gobierno de Estados Unidos en Latinoamérica se relacionó en un principio con la intención de tener presencia ante movimientos potencialmente conflictivos y estratégicos para su política exterior.
Hoy, tercian mayormente en objetivos estratégicos y geopolíticos vinculados a la competición con China y también, en operaciones contra el narcotráfico en los distintos países de la región.