La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta el martes para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.
En las últimas horas, los legisladores -incluso de la oposición dialoguista- anticiparon que si bien “comenzará el tratamiento” del proyecto, el trámite “va a ser largo” y “puede extenderse tranquilamente al miércoles y al jueves también”, ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.
Los bloques dialoguistas esperaban respuesta a sus pedidos de reformulación un conjunto de artículos, y no descartaban que durante el día pueda haber nuevos contactos para buscar un consenso entre la Libertad Avanza, la UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
La UCR mantuvo una reunión de bloque por Zoom donde quedaron en aguardar algunos respuestas del Gobierno y también se reunieron los diputados de Hacemos, que mañana volverán a tener un nuevo encuentro a las 11 para analizar la marcha de las conversaciones con el oficialismo, señalaron fuentes parlamentarias.
El oficialismo necesita alcanzar un acuerdo con las bancadas que apoyaron en la aprobación del proyecto para votar en particular los 383 artículos del dictamen, ya que si una veintena de esos legisladores votan en contra y sumados a los 109 que ya rechazaron la iniciativa pueden caer artículos promovidos por el Gobierno nacional.
Los bloques dialoguistas están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.
En cambio, una decena de diputados no quieren votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.
Uno de los puntos donde de intercambio es en el capítulo de privatizaciones de empresas públicas. Algunos legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, Nucleoelectrica y de Arsat donde se proponen ventas parciales, y piden que un organismo independiente haga su tasación y tenga un rol importante la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.
Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedarían sujetas a privatización.
Otro punto que no hay acuerdo es en la propuesta del Gobierno sobre endeudamiento ya que propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por el cual un futuro endeudamiento debe pasar por el Congreso; en cambio, sí se podría votar la reforma del artículo 65 de la ley de Administrativa referida a la nueva emisión para renovar la deuda (roll over).
Uno de los reclamos de las provincias era coparticipar el impuesto PAIS, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, pero la idea fue rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.
Los legisladores de los bloques dialoguistas aceptan diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, pero insisten en que el Gobierno asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, indicaron voceros parlamentarios.
Sin embargo, desde el Gobierno se muestran firmes en que no cederán en este punto. Recordemos que todo el capítulo fiscal fue retirado del proyecto de ley que está en discusión. Varios de los puntos allí presentes eran de interés de los gobernadores.