El caso por la muerte de Ángel López, que conmociona a Comodoro Rivadavia, dio un giro decisivo tras la detención de su madre y padrastro. Las pruebas médicas indicaron la presencia de lesiones incompatibles con una muerte accidental, lo que llevó a la fiscalía a avanzar con la acusación por homicidio agravado.
El arresto se concretó pasadas las 21:30 del domingo, tras una solicitud del fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán, autorizada por el juez penal de turno.
El elemento determinante para concretar las detenciones fue el resultado de la autopsia preliminar, que reveló que Ángel López presentaba lesiones traumáticas en la región craneal, consideradas incompatibles con una causa natural o accidental. Los informes médicos también señalaron que el menor habría sufrido golpes ocurridos al menos 10 días antes de su fallecimiento, lo que reforzó la hipótesis de violencia física previa.
La madre del niño, Mariela Beatriz Altamirano, fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que su pareja, Maicol González, quedó alojado en una dependencia de Mosconi. En tanto, la beba que ambos comparten fue derivada a Córdoba, donde reside parte de la familia de la mujer detenida.
Otro documento que resultó clave en el avance de la causa fue el informe del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde el niño ingresó el pasado 5 de abril en estado crítico tras ser trasladado por el servicio de emergencias 107. Según consta en la historia clínica, el menor presentaba “mal estado general”, “palidez” y antecedentes de traumatismo previo.
El niño murió dos días después de su internación, luego de haber ingresado con un paro cardiorrespiratorio tras descompensarse en la vivienda donde se encontraba bajo el cuidado materno. Según trascendió, el menor había sido alojado allí por una decisión judicial, en el marco de un proceso de revinculación familiar.
En paralelo a las detenciones, el padre biológico, Luis Armando López, presentó una denuncia penal ampliada que no solo apunta a la madre y al padrastro como responsables directos de un presunto homicidio agravado, sino que también señala una posible corresponsabilidad estatal. El escrito acusa a jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección de haber desoído alertas previas y de no haber intervenido a tiempo para proteger al niño.