La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, supervisaron el desalojo de un grupo de mapuches liderado por Cruz Cárdenas, que en 2020 usurpó áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut.
El operativo, a cargo de la Policía Federal Argentina, marcó un hito al ser el primer desalojo en 18 años con el objetivo de restaurar el orden en la zona.
“Durante 18 años, en Argentina se usurpaba impunemente, y la usurpación prácticamente se había legalizado. La propiedad privada había perdido su valor. Luchamos durante muchos años para poner fin a la Ley 26.160, y este gobierno lo logró. Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”, destacó Bullrich.
El Gobierno decidió no prorrogar la Ley N.º 26.160 de emergencia territorial indígena, argumentando que su continuidad afectaba el orden legal y el respeto a la propiedad. Se trata de un fuerte contraste con la gestión anterior.
Por su parte la ministra de Seguridad señaló: “Venimos a reafirmar nuestro compromiso con el pueblo argentino, que pone como prioridad el orden, la defensa de las libertades y la propiedad privada, con la Constitución Nacional y las Leyes como faro. Este es el primero, pero vamos a hacer tantos procedimientos como sean necesarios, siempre defendiendo al ciudadano de bien que quiere hacer de este país una patria grande, productiva, y con futuro. Con nuestro Gobierno, la tierra es de su dueño legítimo y no de quien se autopercibe su propietario”.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal Guido Otranto tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retiro pacífico. La ocupación ilegal, que duró 4 años, incluyó la usurpación de una seccional de Guardaparques y generó conflictos recurrentes, con denuncias de agresiones al personal de la Administración de Parques Nacionales y daños significativos a la propiedad del Estado Nacional.