El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como condición de ciudadanía y de desarrollo de una subjetividad autónoma está mediatizado por dimensiones políticas, institucionales, simbólicas y subjetivas. La sexualidad y la salud sexual de las mujeres se encuentran con obstáculos múltiples que perjudican el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a disfrutar, a ser respetadas, a no ser maltratadas o juzgadas, a tener relaciones placenteras y a decidir cuántos hijos tener o si tener hijos. El derecho a saber, a ser correctamente asesoradas, acompañadas y atendidas por profesionales y a ser cuidadas por el Estado, responde al principio de libertad reproductiva en un contexto libre de violencias.
En materia de violencia hacia la mujer se hace necesario pensar en un continuo de acciones y representaciones dirigidas no sólo hacia el cuerpo de la mujer sino también a su subjetividad. Uno de los tipos de violencia de género es la violencia obstétrica ejercida por los profesionales de la salud y dirigida hacia el cuerpo y la subjetividad de la mujer cuando la misma está embarazada, durante el parto y el posparto.
En lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos y en paralelo a la postergada y luchada ley que que asista a las mujeres, lesbianas y varones trans en su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, acontece una histórica invisibilización del aborto como práctica y experiencia concreta. Es por eso necesario un saber decisivo para sacar al aborto del territorio de la clandestinidad y de los tabúes, para ubicarlo donde debe estar: en el ejercicio del pleno derecho a saber y a elegir libremente, con autonomía, la maternidad. El Estado debe ser el encargado de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Las técnicas de reproducción humana médicamente asistida no son un tema sólo de esterilidad, se trata de un derecho integral que debe ser también garantizado tanto por el sistema público de salud como por el privado. El acceso a las técnicas de reproducción humana asistida garantizadas por la Ley deja de ser sólo una posibilidad para parejas que cuenten con el poder adquisitivo para costear los tratamientos, convirtiéndose en un derecho adquirido y una obligación del Estado que alcance a aquellos que no cuentan con ninguna cobertura médica y para aquellos que la tienen, sean parejas heterosexuales, homosexuales o mujeres solteras, instar a su obra social o prepaga a cubrir estudios medicación o procedimientos.
Conversamos con Jesica Croce, antropóloga sociocultural e investigadora de la Casa del Encuentro; Romina del Mónaco, socióloga; Viviana Tobi, sexóloga y psicoterapeuta corporal; Gabriela Muñoz, licenciada obstétrica del Programa Atención Integral de la Adolescencia; María Elena Naddeo, diputada porteña del FPP y presidenta de la Comisión Mujer, Infancia y Juventud; Perla Prigoshin, titular de CONSAVIG, abogada especialista en Género y Salud Sexual; Soledad Pujó, activista de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto; Mabel Belucci, activista feminista en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Ana Paula Pagioli, médica generalista del Movimiento Popular La Dignidad; Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; María Rinaldi, Maria Rinaldi, integrante del movimiento Mujeres Insurrectas dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Marisa Aizemberg, directora académica del Observatoro de Salud; Gustavo Martínez, biólogo residente de la Sociedad Argentina de la Medicina Reproductiva (SAMER); Mariana Contreras, presidenta de la Asociación Civil Sumate a dar vida; Araceli Ferreyra, diputada del Frente Para la Victoria; Santiago Brugo Olmedo, director médico de Seremas y con el doctor Fernando Luzuriaga.