La medida quedó oficializada a través del Decreto 629/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Con esta decisión, se eliminó el marco jurídico que regulaba la venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública, ampliando las funciones de estos kioscos.
A partir de ahora, los puestos podrán entregar correspondencia, paquetería, documentación personal como DNI y pasaportes, tarjetas bancarias y productos adquiridos por comercio electrónico, además de ofrecer servicios de guarda y depósito.
Según el Gobierno, la iniciativa busca facilitar la interacción entre la oferta y la demanda, eliminando trabas que, a su criterio, restringían la actividad comercial y encarecían los servicios.
Para operar como casilla de correo, los canillitas deberán inscribirse en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o asociarse mediante convenio con un operador postal ya habilitado.
Esto marca también la disolución del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, creado en 2000, que regulaba las paradas, el reparto y las zonas de influencia de cada puesto.
La Casa Rosada fundamentó la medida en la necesidad de “eliminar restricciones al comercio y a la industria en todo el territorio nacional” y de evitar lo que considera normas que distorsionan los precios o frenan la libre iniciativa privada.
Para el oficialismo, la transformación de los kioscos en nodos postales también busca ampliar la red de distribución en un mercado cada vez más impulsado por el e-commerce.
Esta decisión se suma al proceso de desregulación postal iniciado en noviembre pasado con el Decreto 1005/2024, que flexibilizó la operatoria de envíos de hasta 50 kilos en el ámbito nacional e internacional y redujo exigencias burocráticas para los operadores.
Con la nueva norma, el Gobierno pretende profundizar la apertura del sector y convertir a los kioscos de diarios en un engranaje clave de la logística urbana.