El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico, en la que propusieron destruir la droga decomisada y reclamaron que parte de lo incautado por lavado de dinero sea destinado a financiar las fuerzas de seguridad.
Desde Casa Rosada, los funcionarios aseguraron que el objetivo es “abordar las problemáticas” desde la cooperación interinstitucional para luchar contra “este flagelo que agobia a nuestro país desde hace muchísimos años”.
“Queremos que a las fuerzas de seguridad, como tiene el FBI, se le dé un porcentaje por el trabajo realizado. Otro porcentaje irá al Sedronar. Quiero compartir, porque la ley de la UIF dice que todo lavado de dinero va a la UIF. No, nosotros también laburamos en lavado de dinero”, propuso la ministra de cara al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci.
En la misma línea, desde el extenso panel ubicado en el Salón Héroes de Malvinas, agregó: “Entonces también queremos una parte de ese dinero. No queremos que vaya todo a la UIF, porque ustedes son el último paso. Queremos poner sobre la mesa que se comparta y que no todo vaya a la UIF. Perdoname, pero somos parte. Y además porque eso va a generar una posibilidad de darle, de hacer algunas cosas que necesitamos hacer”.
En otro pasaje de su exposición, Bullrich denunció la saturación de los depósitos de drogas y los costos económicos de su custodia, por lo que postuló que trabajan en la destrucción de lo incautado.
“Desde el Ministerio de Seguridad venimos trabajando denodadamente en los procesos de destrucción de estupefacientes para afrontar esta problemática. Como siempre digo, droga que se incauta, droga que se destruye”, subrayó al tiempo que destacó que se realizaron 120 procedimientos de destrucción de sustancias, lo que implica 190 toneladas de estupefacientes.
A su turno, el ministro de Justicia remarcó la “decisión infranqueable de cambiar el país” del presidente Javier Milei, y precisó que “el mandato claro del Gobierno para con la sociedad es ordenar el desastre económico, social, moral, que dejaron sucesivos gobiernos que destrozaron al país y malversaron recursos del Estado”.
“En el marco de la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, resulta fundamental destacar las bondades del nuevo Sistema Procesal Penal Federal Acusatorio que se está implementando en nuestro país. Al terminar el año 2024, este modelo ya está operativo en 12 provincias de la República Argentina, consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la justicia”, resaltó el ministro.