La Superintendencia del Banco Central de Cuba (BCC) informó sobre un procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Justicia británico por una reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional (BNC) y el país.
En un comunicado publicado en su sitio web, la autoridad financiera cubana explicó que en el procedimiento judicial se dirime si el demandante CRF-I Limited -un “fondo buitre” constituido como sociedad mercantil off shore en Gran Caimán- es acreedor del BNC y de Cuba por el monto de 72 millones de euros.
La parte cubana defiende que “CRF no es acreedor del BNC ni de Cuba y nunca lo ha sido”, insistió el comunicado.
Comentó además que el objeto del procedimiento que actualmente se desarrolla en Londres es deuda pública y no privada, “porque fue contraída por el BNC antes de 1997, cuando tenía funciones de Banco Central”.
Desde entonces, el BNC no tiene facultad para actuar en nombre del gobierno cubano ni para aprobar cesión de deuda pública sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros, dado que el BNC no puede, en ningún caso, autorizar la cesión de garantías otorgadas por el Estado (garantías soberanas), argumentó la entidad.
El fondo en cuestión posee la mayor parte (1,500 millones de dólares) de la deuda cubana con acreedores privados, que es gestionada por el Club de Londres.
El BCC recordó que “los fondos buitres compran en el mercado secundario, a precios de remate, las deudas emitidas por países, para reclamar el pago inmediato de su 100 por ciento bajo amenaza de demanda judicial”.
“Este tipo de acciones pueden incluir valores incluso más importantes que el volumen de dinero que está en danza y que es producto de la compra de deuda basura con pretensiones de litigar y transformar eso en ganancias”, según un estudio de Julian Schumacher, economista en el Banco Central de Europa.
La estrategia agresiva de negocios “buitre”
La operatoria comienza en el mercado secundario de deuda con la compra de bonos soberanos (de países que han declarado o se encuentran próximos a declarar un default) a muy bajo precio, esto es, con un gran descuento sobre su valor nominal.
Una vez comenzadas las negociaciones entre los gobiernos y sus acreedores para la restructuración de los pasivos, los “buitres” se rehúsan participar (constituyéndose en holdouts) e inician acciones judiciales en los tribunales de la jurisdicción bajo cuya ley se emitieron los títulos (principalmente, Nueva York y Londres) en las que reclaman el principal, los intereses acumulados y los punitorios, para así obtener considerables dividendos, imposibles de conseguir mediante mecanismos de mercado.
Para alcanzar estos resultados altamente redituables en términos económico-financieros, impulsan una serie de presiones sobre los gobiernos, en paralelo a las demandas judiciales, tales como la búsqueda de activos para embargar y la promoción de campañas de lobby y desprestigio a través de diversos medios, dirigidas a influir sobre el sistema político y la opinión pública.
Los vacíos institucionales y las grietas legales en lo referente a la deuda soberana son elementos esenciales para comprender el negocio de estos litigantes profesionales, pues constituyen las condiciones de posibilidad de sus estrategias.
A diferencia del régimen de quiebra o bancarrota existente para las empresas del sector privado, los deudores soberanos no cuentan con un marco legal que los proteja a nivel internacional, modere las demandas de los acreedores y establezca los procedimientos a seguir frente a crisis de deuda.
Los Fondos Buitre y América Latina
El primer caso relevante de un fondo buitre litigando contra un país latinoamericano sucedió en 1982, cuando Allied Bank se negó a participar en el acuerdo de reestructuración de deuda con Costa Rica.
El caso más resonante fue protagonizado por nuestro país, cuando un conjunto minoritario de acreedores encabezado por NML Capital Limited, subsidiaria del fondo norteamericano Elliot Capital Management, cuya cara visible es Paul Singer, se negó a entrar en la reestructuración e inició un litigio judicial en los tribunales de Estados Unidos en el que pedían el pago del 100% de sus acreencias. Por este camino, buscaban obtener un retorno del 1600% sobre lo que habían pagado por los bonos.
En 2014, este grupo obtuvo un fallo favorable de un juez federal de primera instancia, Thomas Griesa, luego convalidado por la Corte Suprema de Justicia de ese país.
En un evidente exceso de jurisdicción y competencia y con una interpretación inusitada de la cláusula pari passu (igualdad de trato), el juez, definió un trato desigual entre acreedores y condenó a la Argentina a pagar a los fondos buitre el ciento por ciento de capital más los intereses devengados cada vez que cancele vencimiento de intereses a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010.
Esta interpretación, alejada del sentido usual que se le venía dando a la cláusula, fundamentó la sentencia que impide saldar la deuda reestructurada si al mismo tiempo no se les paga al grupo de acreedores que no aceptó el acuerdo.
Más de 9.300 millones de dólares fueron pagados a los querellantes con sentencia a favor y a otros acreedores por el gobierno de Mauricio Macri en 2016.
Una economía en aprietos
Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas de las últimas tres décadas, debido al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y el impacto de la pandemia de Covid-19, que afectó sustancialmente el turismo, motor económico del país.
En cuanto a la deuda externa, el gobierno cubano y el Club de París, que agrupa a los países acreedores, llegaron a un acuerdo en 2021 para dar a la isla un tiempo adicional para honrar varios pagos otorgados en 2015 sobre su deuda externa.
El pacto entre el gobierno cubano y el Club de París en 2015 significó una quita de 8,500 millones sobre los 11,100 millones de dólares adeudados. El resto se convertiría en proyectos de inversión o sería eliminado de manera gradual hasta 2033.