Una década después de haber encendido la chispa de la primavera de revueltas que se extendió por todo el mundo árabe y terminó con la autocracia de más de 23 años de Zine El Abidine Ben Ali, la República de Túnez está sumida nuevamente en una profunda crisis política.
En los diez años transcurridos desde la histórica revuelta de enero de 2011, este país del norte de África y 11 millones de habitantes produjo una nueva constitución que rige su frágil democracia, pero no logró superar los condicionamientos de una crisis económica crónica.
Con un desempleo cercano al 18%, y con el turismo, uno de los sectores más vitales de su economía, golpeado por ataques de integristas islámicos en 2015, y desde el año pasado por la pandemia, la situación social tunecina es un caldo de cultivo de protestas y reclamos que se suceden sin pausa desde 2018.
A este difícil contexto se agrega la crisis sanitaria, con sistemas hospitalarios colapsados, cerca de 20 mil muertos, y ahora, la decisión del presidente Kais Saied de destituir al primer ministro Hichem Mechichi. Mechichi es un independiente que fue propuesto por el propio Saied por su perfil técnico, pero con quien mantuvo una disputa prácticamente desde el momento de su asunción, a raíz de las alianzas que estableció con los partidos tradicionales para poder gobernar.
Saied desplazó a Mechichi y a varios otros ministros y funcionarios del gabinete invocando los poderes de emergencia que otorga al presidente el artículo 80 de la constitución. También suspendió las actividades de la Asamblea de Representantes, el parlamento tunecino, en una decisión que la oposición calificó como un golpe de estado, a raíz del apoyo que recibió la jugada de Saied de parte de las fuerzas armadas.
La constitucion de Túnez establece que el poder ejecutivo, de tipo semi-presidencial, es ejercido de manera conjunta por el primer ministro y el presidente, quien ostenta la comandancia de las fuerzas armadas y el control de la política exterior.
Hay analistas que creen que la decisión de Saied apunta a ampliar de facto los poderes constitucionales del presidente.
Kais Saied, un profesor de derecho constitucional, culto y conservador, es un outsider de la política que sorprendió al ganar con más del 780 por ciento las elecciones presidenciales de 2019, y logró desde entonces cotas importantes de popularidad en una población muy desconfiada de la clase política, alzando las banderas de la lucha contra la corrupción.
Justamente su principal oposición es el partido Ennahda, o Partido del Renacimiento, expresión política de un movimiento islamista moderado, inspirado en la Hermandad Musulmana de Egipto, que posee 52 diputados, la mayor bancada de un parlamento muy fragmentado, presidido por Rachid Ghannouchi.
El partido Ennahda y sus parlamentarios son acusados de casos de corrupción, y fueron blanco de varias de las protestas populares que recrudecieron desde enero de 2021. Por otro lado, la justicia tunecina, percibida usualmente como independiente, investiga a la organización política islámica y al partido de centro Corazón de Túnez por sospechas de que habrían financiado sus campañas electorales en 2019 con fondos extranjeros.
Túnez recibió en abril de 2020 un préstamo de emergencia del FMI por 750 millones de dólares, y venía negociando un crédito del organismo a 3 años por 4 mil millones de dólares para estabilizar su balanza de pagos y un déficit del 7,1% de su PBI.
Frente a esta nueva faceta de la crisis tunecina, los temores son que el explosivo cóctel de penurias socioeconómicas y turbulencias políticas empuje a la única democracia que emergió de la primavera árabe al caos, o a un nuevo período de autocracia.