Como durante su primer mandato, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrenta una ola de protestas en las calles, que puede crecer y transformarse en un movimiento de oposición ciudadana y sindical a sus políticas.
El trasfondo de las multitudinarias protestas son los efectos económicos de la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. En particular, la crisis del sector energético, que se agudiza con la cercanía del invierno europeo, y la inflación que está afectando de manera inédita a las economías de la eurozona.
Si bien en Francia el índice de precios al consumidor bajó en septiembre a 5,6% tras cuatro meses de subas, la erosión del poder adquisitivo se mantiene y empuja a los sindicatos nucleados en la poderosa CGT a reclamar mayores mejoras salariales.
Tras cuatro semanas de medidas de fuerza en el sector energético, que provocaron problemas de suministro en la mayoría de las estaciones de servicio y largas colas de automovilistas para conseguir combustible, los trabajadores de TotalEnergies, la principal compañía petrolera de Francia, votaron la suspensión de los paros en algunas de las plantas, con lo que la situación comenzó a mejorar lentamente.
Pero el malhumor social se reflejó en las marchas convocadas por la central sindical en París y las principales ciudades, y en las que se movilizaron más de 100 mil personas.
Aunque estos números son todavía inferiores a los alcanzados durante el pico de las protestas de los chalecos amarillos, son una señal de alerta para el gobierno.
Estas movilizaciones y protestas ponen en duda la viabilidad de la reforma del sistema de pensiones, que Macron ya intentó imponer y debió suspender en 2020 a raíz de la resistencia de los sindicatos y de amplios sectores de la sociedad francesa. Sin embargo, planea implementarla en este mandato, incluyendo su punto más resistido, el cambio de la edad de jubilación de los 62 a los 65 años.
Más allá de las crecientes tensiones sociales y económicas, las encuestas de opinión presentan un dato alentador para Macron: solo un 39% de los franceses apoya un eventual paro nacional, rechazado por un 49%.
De todos modos, las demandas de un freno a la inflación y de mejoras salariales son generalizadas y atraviesan a los trabajadores de los sectores público y privado por igual, y obligarán al gobierno a medir sus pasos para los próximos meses.
Sin mayoría parlamentaria ni la posibilidad de un nuevo mandato, Macron confía en que la crisis que afecta a toda Europa termine resultándole favorable, imponiendo una realpolitik de la necesidad que le permita vencer la resistencia social a sus políticas.