La oleada de rechazo incluyó a legisladores de la oposición porteña, Amnistía Internacional y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, quienes demandaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los alcances y detalles de un convenio firmado con la Fundación Vida en Familia, que coordina la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer Embarazada integrada por 400 ONGs de todo el país.

La instrumentación de la medida está a cargo del Ministerio de Salud porteño y del Consejo Social presidido por Cynthia Hotton, fundadora del partido Más Valores, y establece la divulgación, a través de carteles y folletería (en los cuales priman los colores celeste y blanco) de la línea telefónica gratuita 0-800-333-1148 Vida de atención a la persona gestante.

Rechazamos el acuerdo firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con organizaciones religiosas y confesionales, demandamos que el mismo quede sin efecto y exigimos la implementación de políticas públicas laicas, democráticas e inclusivas. 🖊️https://t.co/7Ngm9ZOoCD

— #EsLey 💚 (@CampAbortoLegal) April 19, 2023

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto declaran que “esta estrategia, que desde el discurso se centra en la existencia de la Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” conocida como “Ley 1000 días”, de hecho privatiza las políticas públicas dejándolas en manos de organizaciones que muestran claramente su afiliación a creencias religiosas que militan en contra del derecho al aborto, e incluye en todos los hospitales públicos porteños la difusión de cartelería color celeste de un “0800 VIDA”

La norma mencionada fue aprobada por el Congreso nacional en la misma sesión en la que quedó sancionada la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y fija en unos de sus artículos la incorporación de las líneas gratuitas de atención telefónica a cargo de “la autoridad de aplicación”.

El planteo de Amnistía Internacional también hace foco en el “corrimiento” del Estado de la ejecución de las políticas públicas. “Desde Amnistía Internacional nos preocupa que el Gobierno de la Ciudad pudiera delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas, de manera tal que ponga en riesgo derechos humanos conquistados”, señalaron.

Diversos legisladores también se mostraron en contra del acuerdo firmado entre el Gobierno de la Ciudad y la organización que encabeza Cynthia Hotton.

“Es el Estado el que tiene la responsabilidad de acompañar a las personas gestantes y no estas ONG´s antiderechos”, sentenció la diputada del Frente de Todos Victoria Montenegro sobre la política que ya rige en los centros de salud y hospitales públicos y consideró que la medida “es un enorme retroceso y es muy preocupante”.

Montenegro adelantó que presentarán un requerimiento al Ejecutivo porteño para conocer los alcances de la medida y dijo que harán “todas las denuncias correspondientes y notas formales” para contar con más detalles.

La diputada del PTS-FIT Alejandrina Barry sumó su repudio al advertir que “esta línea telefónica antiderechos será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas, militantes contra el derecho al aborto y la Educación Sexual Integral”.

El planteo de Hotton defendió el convenio impulsado desde el organismo que preside desde hace pocos meses al señalar que “desde la Ciudad de Buenos Aires no se brindaba información sobre la ley 27.611 y los derechos que la persona puede recibir”.

Se avanzará en la implementación de la Ley Nacional N°27.611.

Mucho por lo que hemos luchado a partir de HOY empieza a ser una realidad.

Red Nacional de contención al Embarazo Vulnerable 0800-333-1148 (VIDA) pic.twitter.com/y6577aPf7y

— Cynthia Hotton (@CynthiaHotton) April 6, 2023