La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno avanza en una denuncia penal contra la empresa Edesur por los sucesivos cortes de energía eléctrica y señaló que, en paraleo, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) trabaja en un informe que “pone de manifiesto todos los puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión” a la compañía.
En el marco de su habitual conferencia de prensa de los jueves, Cerruti precisó que en las próximas horas harán una presentación contra los integrantes del directorio de Edesur por los delitos de “malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona”.
“También está avanzando el informe del ENRE que pone de manifiesto todos esos puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión a la empresa Edesur. Este es un trámite que se está haciendo con el debido cuidado y que se va a hacer a través de los organismos correspondientes para cuidar también los intereses del Estado Argentino. Una vez que esté el informe completado, en los próximos 90 días, el Estado evaluará la quita de concesión para la empresa Edesur”, puntualizó la portavoz de la Presidencia.
Cerruti remarcó que la actual situación que enfrentan miles de usuarios sin servicio es una de las “consecuencias de las privatizaciones que hizo el liberalismo”.
En referencia a una eventual quita de la concesión y una posible reestatización, Cerruti dijo que “no es una cuestión de ‘Estado sí o Estado no’, sino de que el usuario tenga el servicio que deba tener”.
Asimismo, planteó la “diferencia notable” en relación a otros concesionarios del servicio de distribución y comparó a Edesur, con “más de 75.000 usuarios en las últimas semanas, que tuvieron cortes extendidos”, con Edenor, que tuvo “cortes en no más de 6.000 usuarios”.
Cerruti reiteró los conceptos vertidos por el interventor del ENRE, Walter Martelllo, en el sentido del cuidado con el que se analizará la situación ante posibles demandas de Enel, la controladora de Edesur.
Al respecto, la portavoz indicó que “la forma en que se hicieron las privatizaciones en los ’90 implica que puede haber un perjuicio para el Estado al tomar una decisión sobre este tema”, dado que la concesión fue concedida “por 100 años”.
Por tal razón, precisó que, “una vez que esté completado el informe del ENRE, en los próximos 90 días, el Estado evaluará la quita de la concesión”.