El presidente Javier Milei se dispone a firmar este viernes la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. En ese período, que se extenderá entre el 10 y el 31 de diciembre, el Gobierno buscará tratar, entre otros proyecto clave, la actualización del Código Penal.
Desde su sanción en 1921, el Código Penal tuvo 900 modificaciones parciales. Numerosas comisiones de trabajo trataron de devolverle coherencia e integridad sin éxito. El proyecto que Milei elevará a las Cámaras es el resultado del trabajo de una Comisión para la Reforma que facultó el libertario.
Qué propone la reforma
Entre varios cambios, la reforma propone que delitos graves como homicidios, trata de personas, contra la integridad sexual, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad no prescriban; así también aquellos relacionados al terrorismo o su financiamiento. De la misma forma establece el endurecimiento de penas para delitos cotidianos como hurtos o el robo de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias o delitos viales. También la usurpación o el falso testimonio o amenazas.
La iniciativa unifica el texto vigente con otras leyes penales especiales sancionadas en el último siglo, lo que deriva en un cuerpo normativo que pasa de 316 a 920 artículos.
Se crea un capítulo completo de delitos informáticos que incluye la creación de imágenes falsas de contenido sexual mediante IA, el fraude digital y los ciberataques complejos. Se ordena la eliminación inmediata de estas reproducciones. Actualmente, existen algunos delitos informáticos dispersos, pero sin un tratamiento integral ni contemplación específica de la IA.
Además, establece un capítulo completo sobre delitos que afectan la vida familiar: hostigamiento, maltrato, discriminación e incumplimiento de deberes de asistencia. Se incrementan las penas para delitos sexuales, se tipifica el acoso sexual en ámbitos laborales y docentes, y se agravan las penas por grooming y difusión de material de abuso infantil.
Entre otras disposiciones, en el proyecto presidencial se incrementan sustancialmente las penas para funcionarios por delitos contra la administración pública, se incorpora el soborno entre privados, se elimina la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos graves, y se rediseña el enriquecimiento ilícito. Se habilita el decomiso anticipado de bienes en casos de terrorismo, narcotráfico y corrupción.
Ejecución de penas y menos beneficios a condenados
El Gobierno calcula que, con las nuevas escalas, el 82% de los delitos implicará cumplimiento efectivo de la pena. Además, se amplía la lista de delitos que no podrán obtener condena condicional, incluyendo robos especialmente agravados y portación ilegal de armas.
El anteproyecto restringe las liberaciones anticipadas, excluyendo a condenados por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios. También quedan por fuera quienes registren reincidencia, con el argumento de que “si entraste varias veces a prisión, no se te puede liberar anticipadamente”.
Las penas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, sin esperar una definición de la Corte Suprema. Las condenas perpetuas no tendrán límites temporales y los funcionarios condenados perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.
El texto también refuerza el marco de la legítima defensa y otorga mayor intervención a las víctimas en decisiones sensibles, como la concesión de beneficios penitenciarios, con la idea de destacar su rol dentro del proceso penal.
Edad de imputabilidad
Como parte de la reforma, el Gobierno de Milei propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.
“Hoy vemos cómo utilizan a ‘soldaditos’ los narcos, vemos cómo jóvenes de 14 o 15 años asesinan y vuelven a su casa como si nada hubiera pasado. Por eso, estamos planteando la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años”, sostuvo Bullrich en octubre, cuando presentó el proyecto junto al Presidente en el complejo penitenciario de Ezeiza.
Actualmente, en Argentina no se puede imputar a un menor de 16 años, mientras que los adolescentes de entre 16 y 18 años son imputables solo si el delito que cometieron tiene una pena superior a los 2 años de prisión.