La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó a resolver si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en función del proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en “mal desempeño” en varios de sus fallos.

Presidida por la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard (Entre Ríos), el cónclave comenzó pasadas a las 11 con la presencia de los bloques opositores, para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Gaillard precisó que el jueves 2 de febrero los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos, mientras que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.

El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.

📹 Lanzamos un episodio más sobre el Juicio Político a la Corte Suprema: hoy, Capítulo 3 👉¿Qué significa mal desempeño? ¡Miren hasta el final que hay perlita! pic.twitter.com/LM51tBjjwW

— Vanesa Siley (@Vsiley) January 25, 2023

La intención del oficialismo es comenzar con el análisis de los 14 expedientes contra Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

También se buscará definir el esquema de trabajo ya que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer el criterio.

Según se especula, en 15 días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.

La principal bancada opositora ya anticipó que no dará quórum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno.

Desde el FdT consideran, en cambio, que “la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento”, y recuerdan que “en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional”.

El presidente del bloque radical, Mario Negri, informó que “Juntos por el Cambio se presentará a dar el debate una vez que el Frente de Todos haya conseguido el quórum” y dijo que “el planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo”.

El juicio político del gobierno a la Corte es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo. Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad. El pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal pic.twitter.com/b7KqknLiZp

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 25, 2023

En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

En el texto, de 410 páginas, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.

“El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante”, añade el documento.

Agrega que “el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea”.

“Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada”, señalan los diputados en el proyecto.