El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, uno de los tres que entiende en la causa por la toma de los terrenos, confirmó los arrestos producidos en el operativo iniciado minutos después de las 6. en los terrenos ubicados en el partido bonaerense de Presidente Perón, ya despejados. “Las cosas tienen que volver al Estado de derecho -opinó el fiscal-. La mitad del predio estaba con animales y la otra mitad era parte de un emprendimiento de un barrio privado”.
El operativo de desalojo fue encabezado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para cumplir con la orden de desalojo dictada por el juez de La Plata con asiento en Cañuelas, Martin Rizzo, quien hizo lugar a un pedido de los propietarios de los terrenos que habían sido ocupados en julio pasado.
Dentro del predio ocupado se escucharon detonaciones y varias casillas fueron incendiadas en el lugar, donde había unas 600 familias. Efectivos derribaron casillas y cortaron los alambres con que se delimitaron las tierras ocupadas en el predio, mientras que el desalojo fue resistido por los ocupantes que, con piedras y palos, intentaron frenar el accionar policial.
El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni había solicitado la postergación del procedimiento policial en virtud de que las últimas lluvias había provocado anegaciones en el terreno.
En el marco del trabajado desarrollado por el Gobierno bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyan a los que aún estaban en los terrenos- realizaron en los últimos días un último relevamiento para determinar el número de familias que debían dejar el lugar y a los que se les procura dar una solución a sus problemas habitacionales.
Unas 600 familias firmaron el acuerdo con el Gobierno para desalojar pacíficamente el predio, y a cambio recibieron materiales de construcción, y dinero para pagar el alquiler de futuras viviendas, en tanto que otras fueron alojadas en «espacios transitorios» de Presidente Perón.
Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
En tanto, bajo la consigna “No al desalojo, tierra para vivir”, militantes de algunas organizaciones sociales iniciaron una protesta en rechazo al desalojo en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco y en la Autopista Buenos Aires- La Plata.
Protestas en rechazo al desalojo
En paralelo, bajo la consigna “No al desalojo, tierra para vivir”, militantes de algunas organizaciones sociales iniciaron una protesta en rechazo al desalojo en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco, en la Autopista Buenos Aires- La Plata, el hospital Posadas y la ciudad de Mar del Plata.
También se realizó otra manifestación frente a las puertas de la municipalidad de Presidente Perón, de la que participaron algunos de los desalojados más temprano junto a dirigentes del Polo Obrero (PO).
“Queremos que se reabra la mesa de negociación con la provincia porque esta gente no tiene donde ir”, expresó allí el dirigente del PO, Eduardo Belliboni, rodeado de unas 400 personas que con bombos, redoblantes y algunas de las chapas que utilizaron como escudo cuando resistieron el desalojo policial.
La protesta se realizaba a pocos metros del edificio de la fiscalía de Presidente Perón en la que hay alojados nueve de los 36 detenidos que, según fuentes judiciales, serán liberados en las próximas horas.
El PO había sido señalado por el ministro de Desarrollo de Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque como el grupo de la toma más radicalizado cuando trabajó durante 40 días en el predio con un equipo multiministerial para tratar de lograr un desalojo pacífico.