El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que uno de los primeros actos de su gobierno será desmontar la política de “paz total” impulsada por la administración de Gustavo Petro. El anuncio lo hizo durante su segunda alocución dominical como mandatario electo, transmitida la noche del 5 de julio por sus redes sociales.
De la Espriella adelantó que derogará desde el próximo 7 de agosto los principales mecanismos de la “paz total” y que dispondrá la reactivación de todas las órdenes de captura vigentes contra integrantes de grupos armados ilegales. Para eso, según explicó, conformará un equipo especial que se encargará de revisar y desarticular la arquitectura jurídica construida durante la administración saliente.
El mandatario electo fue duro en su balance de la política petrista: la calificó como “un modelo de impunidad” y sostuvo que el país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos adquiridos por el Gobierno saliente con distintas estructuras armadas.
Según su versión, la administración de Petro dejó un entramado de acuerdos que incluyó zonas de desmilitarización, levantamiento de órdenes de captura, ceses al fuego y compromisos con actores externos, entre ellos el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Frente a ese panorama, anunció que la primera tarea del equipo designado será revocar, desde el mismo 7 de agosto, los “beneficios” que Petro otorgó a organizaciones narcoterroristas.
De la Espriella confirmó que firmará decretos para que la Fiscalía General, a cargo de Luz Adriana Camargo, reactive las órdenes de captura suspendidas durante los procesos de negociación, y para que la Fuerza Pública las haga efectivas. A los grupos armados les planteó una sola alternativa: someterse a la justicia bajo los beneficios que contempla la ley vigente, o enfrentar la persecución del Estado.
La política de “paz total”, eje central del gobierno de Petro, buscó abrir mesas de negociación simultáneas con guerrillas, disidencias de las Farc y bandas criminales. Actualmente hay salvoconductos y suspensiones de órdenes de captura vigentes para varias de esas estructuras, entre ellas disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Otros anuncios de seguridad
En el plano de seguridad, De la Espriella reveló que recibió una solicitud de sometimiento de Digno José Palomino y Aldair Montealegre, señalados como cabecillas de la organización criminal conocida como “Los Pepes”. Instruyó al futuro ministro de Defensa para coordinar el proceso y pedirá a la Fiscalía la asignación de un fiscal y un grupo de policía judicial para adelantarlo conforme a la ley.
El presidente electo aprovechó además su alocución para señalar otras dos alertas detectadas durante el empalme con el Gobierno saliente: una eventual crisis fiscal, con una deuda de las EPS que ya asciende a 26 billones de pesos, y el deterioro del sistema de salud, que —según afirmó— deja a nueve de cada diez colombianos sin acceso completo a los medicamentos que necesitan.
Dudas jurídicas sobre el alcance del desmonte
El anuncio reabre un debate jurídico sobre los límites reales del poder presidencial para desarmar la política de paz. Juristas consultados por medios colombianos coinciden en que buena parte de los mecanismos podrían modificarse por decreto, pero advierten que otros fueron adoptados mediante ley y requerirían trámite en el Congreso. Además, algunos exfuncionarios de paz sostienen que la Constitución colombiana consagra la paz como un derecho y un deber del Estado, lo que podría limitar un desmonte unilateral e inmediato.
Pese a esas dudas, sectores del Pacto Histórico y funcionarios ligados a los procesos de negociación ya anticiparon que se opondrán al desmonte y buscarán mantener en pie los espacios de diálogo abiertos con algunas estructuras armadas.
El pulso entre el nuevo gobierno y la herencia de la “paz total” se perfila como uno de los primeros grandes frentes de tensión política tras la posesión de De la Espriella, prevista para el 7 de agosto.