En un reciente comunicado, el Ejército de Liberación Nacional denunció la existencia de una alianza entre sectores de las fuerzas armadas, paramilitares y disidencias de las FARC con el objetivo de ejecutar ataques en su contra, desconociendo los acuerdos de paz alcanzados en las mesas de diálogo.
El texto hace referencia a un último enfrentamiento ocurrido en Arauca entre integrantes de las disidencias de las FARC e integrantes del ELN en el que murieron al menos 9 personas y 5 resultaron heridas, entre ellas una niña indígena de 14 años.
En la denuncia, la guerrilla más antigua del país señala el accionar conjunto en su contra, que incluye movimientos de tropas gubernamentales articulados con grupos armados ilegales afectando a las comunidades donde el ELN está presente.
Tanto el Ejército de Liberación como las disidencias de las FARC mantienen negociaciones de paz con el gobierno de Petro, situación que no impide la continuidad de la confrontación, especialmente en el estado de Arauca, territorio clave para el tráfico de cocaína por su cercanía con Venezuela.
Es que a pesar de la intensa persecución militar al narcotráfico a lo largo de 5 décadas con la ayuda millonaria de Estados Unidos, el crecimiento del crimen organizado continúa sin prisa pero sin pausa.
Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, aumentó en 2022 casi un 13% los cultivos de hoja de coca, alcanzando el récord de 230.000 hectáreas.
El Ministerio de Justicia colombiano indicó que desde 2912 a 2022 se erradicaron forzosamente más de 840 mil hectáreas de coca pero el área sembrada igual se incrementó 324%.
A la par de los narcocultivos, también creció la fabricación de droga que sale desde Colombia principalmente a Estados Unidos y Europa, que pasó en un año de producir 1.400 toneladas de cocaína a 1.738 toneladas.
Durante una cumbre regional antidrogas celebrada en Cali con representantes de 20 países latinoamericanos, Gustavo Petro propuso transitar hacia una política de lucha contra el narcotráfico que se enfoque en combatir a las grandes mafias y al consumo, pero que dé “oxígeno” a los productores cocaleros, una postura apoyada por su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Fronteras adentro, el gobierno colombiano propuso a los campesinos, entre otras medidas, seguir cultivando coca pero para fines lícitos como la fabricación de cosméticos, textiles y alimentos, o que pasen de ser “cocaleros a guardabosques” en áreas protegidas y recibir un salario por el cuidado del medio ambiente: una propuesta que en Colombia conlleva grandes riesgos.
Según un informe de la ONG Global Witnes, en 2022 el país registró los asesinatos de 60 ambientalistas, cifra que lo convierte en el más peligroso en el mundo para el eco-activismo.
Así lo relata la socióloga y activista Nadia Umaña, quien huyó de su tierra en el norte colombiano tras el asesinato de cuatro compañeros ambientalistas.
Las estimaciones de esta ONG indican que más del 60% de estos crímenes están vinculados con el agro negocio, la minería y la extracción de madera, tanto legal como ilegal, cuyas víctimas son principalmente líderes ecologistas y representantes de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes que se dedican a la agricultura en pequeña escala.
Desde su llegada al poder, Petro se comprometió a frenar la violencia contra los activistas, pero sus esfuerzos hasta ahora han sido vanos.
Tras varias décadas de conflicto armado, la violencia en Colombia persiste y presenta múltiples aristas y protagonistas, una situación difícil de abordar para los gobiernos de cualquier signo, sin solución cercana a corto plazo.