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La huida de Gotabaya Rajapaksa, el presidente de Sri Lanka, a Maldivas, es el último capítulo de una crisis económica y política que viene gestándose desde hace meses y tuvo su clímax con una protesta popular masiva, que no pudo ser frenada con un estado de sitio y terminó con la ocupación por los manifestantes del palacio de gobierno en Colombo, la capital de este país asiático de 22 millones de habitantes, y de las residencias del presidente y del primer ministro.
Una situación social explosiva, agudizada por la pandemia de coronavirus acabó así con la hegemonía política de la familia Rajapaksa, cimentada en la campaña militar para sofocar una larga y cruenta guerra civil librada entre 1983 y 2009, que enfrentó a las fuerzas gubernamentales con la guerrilla Tigres de la Liberación, de la etnia Tamil, en el norte y este del país, y que causó más de 100 mil muertos.
Pero la reacción popular no tiene como blancos únicamente a los Rajapaksa, sino a toda una elite política en la que los dirigentes del Frente Popular de Sri Lanka, el Partido Nacional Unido y el Partido de la Libertad de Sri Lanka fueron alternándose en sucesivos gobiernos, e incluso tejiendo alianzas circunstanciales que terminaron diluyendo las diferencias entre oficialismo y oposición, con rasgos comunes: políticas erráticas, gasto público exorbitante en obras de infraestructura de escasa utilidad social, y corrupción estructural, que en los últimos meses sumaron además una inflación superior al 54%, cortes de energía, falta de combustible y desabastecimiento de alimentos y medicinas.
Apenas asumido, en 2019, el gobierno de Rajapaksa implementó una rebaja impositiva que erosionó los ingresos del estado, y la pandemia posterior golpeó la industria turística, uno de los principales motores de la economía, y redujo los envíos de remesas de ceilandeses en el exterior, lo que mermó el acceso a divisas. Para sostener la economía, el gobierno consumió en dos años más del 70% de sus reservas internacionales.
La deuda pública de Sri Lanka se reparte entre las dos potencias regionales que tradicionalmente mantienen influencia sobre la isla, China, que prestó al país alrededor de 3500 millones de dólares, y la India, que le otorgó un monto similar en ayuda económica solo en el último año. Rajapaksa pidió a Beijing una reestructuración de la deuda, y consiguió de los chinos un swap por alrededor de 1500 millones de yuanes. Y también intentó, sin suerte, conseguir un acuerdo con el FMI para un paquete de ayuda, lo que terminó de detonar el conflicto social.
El próximo 20 de julio, el parlamento elegirá a un nuevo presidente, en un intento por desactivar la crisis. La movilización ciudadana continúa como factor de presión en las calles, y se sustenta en la arraigada tradición democrática de Sri Lanka, que con altibajos, se mantuvo desde la independencia del imperio británico en 1948. Pero esta vez todo indica que además de soluciones para la economía, las demandas populares también se centrarán en exigir un cambio profundo del sistema político ceilandés.