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A solo 4 meses del comienzo de su mandato, el presidente de Chile, Gabriel Boric, enfrenta un panorama político y económico complejo agravado por una desaprobación popular cercana al 60%.
El desplome del peso chileno y una inflación galopante que en junio alcanzó al 12,5% interanual, la mayor registrada en el país trasandino en los últimos 28 años, obligaron al mandatario al lanzarun paquete de ayudas sociales y económicas de invierno por u$s 1.200 millones que incluyen un bono equivalente a unos 120 dólares para 7 millones y medio de chilenas y chilenos, sobre un total de 19 millones de habitantes.
Las medidas anunciadas por el mandatario junto al Ministro de Hacienda, Mario Marcel, incluyen la extensión hasta septiembre del pago del IFE, un Ingreso Familiar de Emergencia destinado a los trabajadores que ingresan al mercado laboral dispuesto durante la pandemia. T
También del subsidio laboral para madres y padres que cuidan a menores de un año, aplazando además hasta esa fecha las licencias de cuidados parentales.
Por el incremento del gasto social, parte de sus promesas de campaña, la coalición gobernante promueve una reforma tributaria con la que busca recaudar 4,1 puntos del PBI en 4 años, con una suba en el impuesto a las rentas, la reducción de exenciones y la aplicación de regalías mineras.
Pero la propuesta de reforma impositiva llega en momentos en que el país sufre el enfriamiento de su economía motivado por una conjunción de factores internos y externos.
Entre ellos, se cuenta la depreciación de su moneda frente al dólar, la caída del precio global del cobre, del que Chile es el mayor productor mundial, además del impacto de las millonarias ayudas estatales a los sectores vulnerables y los retiros parciales de los fondos de ahorro de pensión.
A la difícil situación económica calificada por el propio Boric como “tremendamente preocupante”, se suma a la incertidumbre por el creciente rechazo a la Nueva Constitución cuyo texto definitivo será sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre.
El texto elaborado por la Convención Constituyente en reemplazo de la vigente heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, define a Chile, entre otros puntos, como un Estado Plurinacional e intercultural, social y democrático de Derecho.
Esa definición implica el reconocimiento de 11 pueblos y naciones indígenas y garantías en materia de derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones.
También establece paridad de género en la ocupación de cargos públicos y elimina el Senado, creando una Cámara de Regiones en su reemplazo.
Según la última encuesta de Cadem Plaza Pública, el 53% de las y los entrevistados, rechaza la nueva Carta Magna mientras que un 35% la aprueba, en tanto que el número de indecisos alcanza al 12%.
Otro relevamiento realizado por Pulso Ciudadano marca que un 46,3% votaría por el Rechazo y un 28% por el Apruebo, mientras que el número de indecisos se acerca al 16% y casi un 3% votaría
en blanco.
Frente a este panorama incierto, Boric aseguró que, cualquiera sea el resultado del referéndum, se abrirán negociaciones en busca de nuevos consensos, una posibilidad sorpresivamente aceptada con un compromiso público por la oposición de derecha, renuente
durante años a cambios constitucionales.
En caso de que se imponga el rechazo, continuaría vigente la constitución pinochetista. Para superar esa instancia se estudian opciones como una nueva convención constituyente o una propuesta del congreso.
Pero los esfuerzos están centrados en evitar una derrota no solo para el gobierno sino también para todo el movimiento social que impulsa un cambio de fondo para Chile.