Al iniciar su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2, el abogado Juan Villanueva dijo que se utilizó a Báez “con intención política”, como “una forma de atacar la gestión del partido más importante de la República Argentina”.
El defensor del dueño de “Austral Construcciones” anticipó que a lo largo de tres audiencias de exposición demostrará que Báez es “inocente”, que su intención fue “apostar por el país” y que los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, tergiversaron pruebas y “falsearon” declaraciones de testigos.
Esto “va a ser desenmascarado” en el alegato, indicó Villanueva.
“Vamos a demostrar que todo lo que hizo Báez como empresario fue legal y conveniente para el Estado nacional” y que sus ganancias fueron reinvertidas en la producción, agregó.
“La verdadera defraudación fue la que cometieron funcionarios públicos desde diciembre de 2015 en adelante, que echaron por tierra todo el trabajo de 12 años de democracia”, cuestionó.
Para la defensa “está demostrado que Lázaro no era un empleado bancario o un “cajero”.
El empresario era gerente del Banco de Santa Cruz y fundó Austral Construcciones en abril de 2003, cuando aún no se sabía que Néstor Kirchner llegaría a la Presidencia de la Nación, remarcó.
Villanueva anticipó que pedirá la absolución de Báez y que, además, requerirá la apertura de una causa penal contra dos peritos que firmaron un informe sobre cinco de las 51 obras cuestionadas en Santa Cruz.
Se trata de Eloy Bona, del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de Roberto Panizza, designado por la fiscalía.
Bona tuvo “un objetivo de antemano, inventar sobreprecios. Esta causa no tenía pericias, no tenía sobreprecios y Bona los tenía que inventar”, dijo.
“El doble estándar exhibido por la fiscalía va a ser desenmascarado”, adelantó en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en el que Báez tiene un pedido de prisión de 12 años por parte de los acusadores.
Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y por el que cumple arresto domiciliario.
El dueño de “Austral Construcciones” enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Báez está acusado por supuesta “asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública”.