La comisión que investiga los sucesos divulgó la resolución de detención a los medios locales, donde figuran, además de la exmandataria de facto, sus exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Luis Fernando López, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra (estos dos últimos ya detenidos).
El documento indica que a los implicados se les acusa de cometer “los delitos de terrorismo y sedición y conspiración”. También expresa que las órdenes se emitieron por existir riesgo de fuga de los involucrados, debido a sus altos movimientos migratorios, lo cual “acredita la facilidad que tienen de abandonar el país”.
El dictamen inculpa, además, a integrantes del alto mando militar, como el almirante Palmiro Jarjuri quien fungía como comandante de la Armada, el excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo Terceros, el general excomandante del Ejército, Gonzalo Mendieta y el general Jorge Gonzalo Terceros de la Fuerza Aérea.
Los otros miembros del Alto Mando de 2019, Williams Kaliman y Flavio Arce, ya tienen orden de aprehensión en su contra y el segundo fue aprehendido. Arce se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Ejército de Bolivia en noviembre de 2019.
La Fiscalía señala que como autoridad militar Arce debió haber detenido a Kaliman, el comandante de las Fuerzas Armadas que pidió públicamente la dimisión de Morales. Cabe recordar que en 2019, Evo Morales presentó su dimisión luego que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y quien era comandante general de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón, lo conminaran a renunciar.
Áñez, después de la dimisión del líder cocalero, encabezó la dictadura hasta finales de 2020, cuando el candidato del MAS, Luis Arce, se alzó con la victoria en las elecciones.
Además, desde la comisión de Justicia Plural del Congreso boliviano existe un pedido de enjuiciamiento a Jeanine Áñez por delitos de lesa humanidad al ordenar la represión de personas que se manifestaban contra el golpe de Estado de derrocó Evo Morales en 2019.
Uno de los argumentos centrales de la comisión de Justicia es el decreto que ordenó la incorporación de militares en la represión de manifestaciones, liberándolos anticipadamente de eventuales responsabilidades penales.
La Fiscalía Departamental de La Paz tomó las medidas en base a la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty. La excongresista del MAS denunció a Luis Fernando Camacho, gobernador de la provincia de Santa Cruz y ex candidato presidencial de las elecciones en las que Luis Arce ganó con un aplastante 55 por ciento de los votos.
La denuncia a Camacho fue por incitar a las protestas que terminaron con la renuncia del expresidente constitucional. La denuncia también incluye a exjefes militares o policiales, por los sucesos en los que se constituyó en un golpe de Estado.