El policía de la Ciudad desaparecido en febrero del 2019, Arshak Karhanyan, se encuentra en el listado de las personas que el Gobierno de la Ciudad espió sirviéndose del sistema de datos biométricos del RENAPER. Así se desprende de la investigación que llevó adelante el juez porteño Roberto Andrés Gallardo después de que el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) presentara un amparo contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde abril de 2019.
El nombre del joven de origen armenio aparece 92 veces, en sendos requerimientos al sistema.
“Sabemos que buscaron su nombre pero no sabemos dónde buscaron, en qué cámaras, qué sectores de la Ciudad o a qué hipótesis investigativa corresponde esta búsqueda”, detalló el abogado de la familia, Juan Kassargian. “Para nosotros es más de lo mismo, desde el inicio de la investigación tanto el Gobierno de la Ciudad como la Policía de la Ciudad introducen elementos para desviarla”, aseguró el letrado.
Para Kassargian, el nuevo hallazgo demuestra que la Policía porteña sostiene una teoría equivocada de la desaparición de Karhanyan. Además, aseguró que Danaide SA, la misma empresa que colecta datos biométricos en la Ciudad, es la que argumentó la destrucción de filmaciones del sistema de control que podrían haber ayudado a orientar la búsqueda.
En julio de 2020, la Policía en la Ciudad dijo a Infobae que “hicieron todo lo posible para dar con Arshak y descartan cualquier intento dentro de la fuerza por desviar la investigación”, que incluyó “un relevamiento de más de 50 cámaras públicas y privadas y en conjunto con la Fiscalía se gestionó recompensa por medio del programa BUSCAR del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
Pero la familia Karhanyan nunca fue notificada respecto a qué cámaras se utilizaron o bajo que indicios se decidió buscar en ellas. Ahora, con esta nueva información, impulsarán “el procesamiento de policías y funcionarios de la Secretaría de Seguridad”.
La Justicia porteña suspendió el martes último el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.