Arce fijó la fecha del censo y llamó a pacificar Bolivia
Tras una nueva jornada de incidentes y represión, el presidente anunció que la encuesta poblacional será en marzo de 2024. El relevamiento había sido el eje de la disputas con Santa Cruz como epicentro.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, fijó el censo de población para el 23 de marzo de 2024 y llamó a la pacificación del país, tras una violenta jornada en el departamento oriental de Santa Cruz, en medio de un paro para exigir que la encuesta nacional se realice en 2023.
La próspera región de Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición, exige el sondeo que actualice la representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.
“El empadronamiento se realizará el 23 de marzo de 2024 y la redistribución será en septiembre”, anunció Arce a última hora del viernes.
Durante el día, hubo fuertes choques entre manifestantes afines al paro y seguidores del Gobierno.
En la tarde, manifestantes afines al Comité por Santa Cruz, una organización que lucha por los intereses de la región, tomaron instituciones públicas e incendiaron una sede campesina, informó la agencia de noticias Sputnik.
El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exigió a la Policía “que no proteja” a los grupos afines al Gobierno que han protagonizado actos violentos.
El comandante de la Policía, Jhonny Chávez, aseguró que le pidió a los efectivos policiales que bajen la tensión con los movilizados.
“En este momento, violencia genera mayor violencia, la Policía cumplirá con su mandato constitucional. He quedado con el hermano gobernador en que vamos a bajar la tensión para evitar pérdidas humanas”, aseguró Chavez, en declaraciones al diario boliviano El Deber.
Asimismo, aseguró que el trabajo del cuerpo es “contener” a los manifestantes a favor de adelantar el censo y a los seguidores del MAS (Movimiento al Socialismo), lo cual está cumpliendo.
Camacho, por su parte, lamentó la detención de jóvenes que apoyaban el paro mientras que, por el contrario, la policía esté acompañando a los “grupos violentos del MAS” que han protagonizado actos vandálicos y destruido viviendas, según recogió la agencia de noticias Europa Press.
Minutos antes de estas declaraciones, habían empezado a arder las instalaciones de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (FSUTCB) donde según recoge El Deber se refugiaban personas encapuchadas afines al Gobierno que habían protagonizado escenas violentas por la mañana.
La Policía protegía el acceso a la institución, pero esta fue rebasada por los manifestantes a favor del paro que la prendieron fuego con petardos.
Después, otro grupo se dirigió hacia la sede de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, aliada al partido de Gobierno, donde se encontraba otro contingente policial.
Los agentes reprimieron el avance con gases lacrimógenos y, según testigos, varios jóvenes habrían sido agredidos.
El viernes se cumplieron 21 días del paro de actividades en Santa Cruz, bastión de la oposición al Gobierno de Arce, para exigir una redistribución de recursos económicos y escaños parlamentarios, que dependen del censo.
El Censo de Población y Vivienda, establecido en la Constitución boliviana para realizarse cada 10 años, inicialmente estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022, pero fue postergado por razones técnicas para el 2024, en una reunión del presidente Arce con autoridades regionales.
Impulsarán acciones penales
En tanto, el Gobierno de Bolivia anunció que impulsará acciones penales contra los responsables de las protestas de Santa Cruz, donde el denominado “movimiento cívico” convocó desde el sábado a un paro nacional indefinido para exigir la celebración del censo en 2023, mientras llevan ya 21 días de bloqueos y protestas que dejaron cuatro muertos y 178 heridos, según el último balance oficial.
La ministra de Presidencia, María Nela Prada, criticó los días “de terror” que caracterizan al paro de Santa Cruz, y sostuvo que los líderes de las protestas tienen las “manos manchadas de sangre”.
“Estas personas son las responsables y quienes tienen manchadas sus manos con sangre del pueblo”, denunció Nela, quien señaló a los organizadores del paro -el gobernador de la capital, Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Rómulo Calvo- en una conferencia de prensa recogida por la agencia ABI.
En este sentido, precisó que se hará la denuncia en instancias nacionales e internacionales.
La ministra señaló, asimismo, que el balance incluye daños económicos que alcanzan por el momento los 720 millones de dólares y advirtió que esta cifra puede aumentar con el paso de los días, hasta que se deje sin efecto el paro indefinido, según informó la agencia de noticias Europa Press.
También se denunció la violación múltiple de una niña y de decenas de heridos en los puntos de bloqueo cívico. Los bloqueadores no dejaron pasar ambulancias en estos días y en muchos lugares se dedicaron a consumir bebidas alcohólicas, además de cobrar para permitir el paso.
“Estas situaciones no pueden normalizarse, no pueden invisibilizarse, no se puede mostrar solamente la cara bonita del paro -de churrasco, de piscinas, de cantos y confraternidad- y no mostrar lo que estamos viendo en noches y días de terror contra quienes quieren desplazarse a comprar sus alimentos, a sus trabajos, quienes se suben a micros para poder trabajar; transportistas, familia gremial y muchas familias cruceñas”, dijo.
La funcionaria consideró que el paro “está lejos de ser una protesta pacífica” pues “ha generado muerte, dolor, violencia, racismo, discriminación, vulneraciones a los Derechos Humanos, pobreza y hambre”.