La “toma de Lima”, una gran protesta contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que las autoridades esperaban para hoy, se efectuará el 19 de julio próximo, anunciaron sus organizadores.
La fecha de realización de la manifestación fue confirmada por dirigentes de organizaciones ciudadanas del departamento sureño Puno.
Los dirigentes anunciaron la movilización a la capital de al menos 13.000 personas para entonces, dijo el teniente gobernador de la ciudad puneña Laraqueri, Jaime Machaca.
La “toma de Lima” es una modalidad de protesta consistente en la movilización de ciudadanos del interior de Perú para protestar en las calles de la capital.
En este caso, se tratará de la “tercera toma de Lima” desde que Boluarte asumiera el gobierno el 7 de diciembre pasado, luego de que el Congreso destituyera a su antecesor, Pedro Castillo, quien quiso instalar sin éxito un gobierno excepcional sin garantías constitucionales.
El gobierno anunció la semana pasada que desplegaría más de 8.000 policías en Lima a partir de esta semana, a la espera de la “tercera toma” de la ciudad.
La protesta era esperada especialmente luego de que Boluarte afirmara el jueves pasado que la posibilidad de anticipar las elecciones es “tema cerrado” y que gobernará hasta el fin del actual período de gobierno, en julio de 2026.
El adelanto de los comicios es reclamado por amplios sectores desde que Boluarte llegó al gobierno, pero fue rechazado en numerosas votaciones en el Congreso.
La salida de Castillo y su sucesión por la hasta entonces vicepresidenta desató una ola de protestas callejeras en cuyo contexto murieron al menos 66 personas y hubo alrededor de 1000 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
El gobierno rechaza un informe de la OEA
La canciller de Perú, Ana Gervasi, llevó al recinto de la Organización de Estados Americanos (OEA) la queja de su país al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas contra Boluarte.
“El informe de la CIDH dice que en ese marco se produjeron hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos que deben ser investigados, junto a otras apreciaciones con las que mi Gobierno discrepa respetuosamente”, remarcó Gervasi.
Durante la Asamblea General de la OEA, la diplomática insistió en que el Gobierno de Boluarte está comprometido con el respeto a los derechos humanos.
Aun así, reconoció que Perú “presenta ciertos retos en materia de derechos humanos”, de los cuales “muchos se arrastran de antiguo y son estructurales”, y otros tuvieron su origen tras la destitución en diciembre del expresidente Pedro Castillo, después de que este anunciara la disolución del Congreso.
El Ejecutivo andino, que considera el anuncio de Castillo un golpe de Estado, reseñó que ese “quebrantamiento del orden constitucional” fue públicamente condenado por la Secretaría General de la OEA y la CIDH.
“En estos últimos retos, se mezclaron al menos dos fenómenos. Por un lado, entendibles reclamaciones pacíficas producto de la frustración de poblaciones marginadas, que habían debido sufrir la incompetencia y corrupción de un régimen en el que la pobreza aumentó de un 20 a un 30 por ciento”, manifestó Gervasi, según la agencia Europa Press.
Advirtió sobre “los actos vandálicos de grupos violentistas que trataron de atentar contra el Estado de derecho afectando libertades y derechos de importantes sectores de la sociedad”.
La ministra sí aceptó que coincide con la CIDH “en que los hechos deben ser investigados, tarea a la que se han abocado las instancias judiciales competentes en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales”.
El CIDH concluyó en su último informe sobre la crisis política en Perú, publicado a principios de mayo, que se cometieron “graves violaciones” de derechos humanos durante las protestas contra la presidenta.-