La secretaria de Energía, Flavia Royón, indicó la semana pasada que el anuncio se postergó para trabajar en los detalles que permitan “ser lo más claros posible y llevar tranquilidad a la población.”
El esquema incluye especificaciones acerca de la segmentación y el tope de consumo por zona y sector. Además, toma en cuenta factores como el climático que influyen de forma diferencial en cada región del país.
Flavia Royón, declaró que “el aumento promedio en materia de energía, sumando electricidad y gas, va a estar alrededor de 1.200 pesos” y detalló que “un hogar promedio se estima que debería consumir 250 kilovatios hora por mes y el corte que se hizo es en 400”.
Respecto de los topes, los nuevos valores mantendrán la tarifa vigente para los niveles de menores ingresos y los de ingresos medios. En este último caso, el consumo que exceda los 400 kWh no será subsidiado. Para las zonas sin servicios de gas de red el tope será 550 kwh. En el caso del gas la apliación del límite al consumo es variable, según categorías y subzonas en todo el país.
“Tenemos la máxima de que ésta actualización de tarifas sea por debajo del índice de coeficiente de variación salarial y en cuotas”, detalló Royón, y subrayó que los beneficiarios de la tarifa social “no van a sufrir una nueva actualización este año”.
La secretaria de Energía nacional aclaró: “Es sólo una porción de la población la que va a sufrir esta actualización porque es la indicación del Presidente Alberto Fernández”.
En tanto, la titular de Aysa, Malena Galmarini, señaló que “en el caso del agua en promedio el aumento entre noviembre y junio del año que viene será de 1.000 pesos”. Además, detalló que la quita de subsidios a usuarios no residenciales “será en dos pasos, primero se sostendrá el 40% (del subsidio), luego el 20% para llegar a marzo del 23 con el 0%”.
En torno al servicio de agua, la proyección es que el total que paga el usuario promedio pasará de los actuales $752 a $1.765 a mediados de 2023; mientras que los de la tarifa social se mantendrán en $206; en tanto, los no residenciales pasarían de $1.814 a $7.026.
“No es un aumento de tarifas sino una redistribución de subsidios”, puntualizó Royón, quien remarcó la importancia de “instalar la educación del uso sustentable y racional” de los recursos de los tres servicios involucrados.
La secretaria de Energía precisó que en lo que resta de 2022 “el ahorro fiscal en materia de energía eléctrica y gas será de $ 47.500 millones y anualizado de $ 455.000 millones”, en tanto la presidenta de AySA señaló que en el caso de esta empresa será este año de $ 2.000 millones y de $ 45.000 millones para el año próximo