De aprobarse el proyecto, el control de la legislación pasaría del Ministerio de Turismo a la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
“Dejar la planificación urbana y el derecho a la vivienda en manos del mercado aleja la posibilidad de acceso a la vivienda ya no solo en propiedad, sino también en alquiler”, indicó el principal impulsor del proyecto, Matías Barroetaveña (FDT).
A esto se suma la creación de un registro específico para las plataformas que ofrecen este tipo de servicios, transparentando las personas físicas y jurídicas que forman parte de esta actividad comercial, con la idea de darle “previsibilidad a quienes desean alquilar o poner en alquiler un inmueble en estos sitios virtuales”.
El proyecto, aseguran, no tiene como objetivo demonizar las plataformas o el uso de las nuevas tecnologías, sino “establecer normativas vigentes donde no las hay”.
Finalmente, se intenta aumentar el costo de las multas para promover la inscripción en el Registro de Alquileres Temporarios Turísticos y se incorpora un artículo en el cual se le otorga un mes a partir de la promulgación de la normativa para que puedan regularizar la cuestión.
Actualmente, según datos que surgen de una investigación del Área Urbana del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), hay cerca de 30.000 ofertas de alquileres temporarios en 22 ciudades argentinas.
El mismo documento sostiene que en CABA, el mercado de alquiler de vivienda perdió 15 mil propiedades que se fueron a las plataformas de alquiler temporario.
En el último tiempo en todo el mundo aparecieron plataformas que ofrecen alquileres temporarios y la posibilidad para los dueños de los inmuebles de tener ganancias en dólares.
Por ejemplo en CABA se generaron ganancias totales por 13 millones de dólares por los alquileres temporarios en noviembre de 2022.
“El alquiler temporario es sin duda una amenaza más y por eso es imprescindible que, como sucede en todo el mundo, el Estado intervenga garantizando este derecho”, indicó Barroetaveña.