El Gobierno asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.
El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó a Télam que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.
“Esa mirada de un Estado presente hace que busquemos alternativas para evitar el daño que produce un desalojo”, indicó Scatolini.
A través de la Resolución 88/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Al respecto, el secretario señaló que se va a trabajar en “un protocolo que permita caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales”.
“El objetivo de este gobierno es poner muchos recursos como no se hizo en los últimos años en Argentina, en la construcción de vivienda con las unidades ejecutoras en las provincias y también a través del Procrear (Programa de Crédito Argentino)”, destacó el funcionario.
El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señalo Scatolini.
Explicó que se hará “un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”, y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.
El secretario remarcó que el plan del Gobierno es “en tres años generar 264.000 soluciones habitacionales”, pero puntualizó que “no es lo único en lo que se trabaja”.
Por su parte, la Federación de Inquilinos presentó una carta al Gobierno para pedir la extensión del decreto que suspende desalojos, que vence el miércoles de la semana próxima, y un plan de desendeudamiento.
En la nota, solicitan que se extienda el decreto que suspende desalojos, congela el precio de los alquileres y extiende automáticamente los contratos de alquiler hasta que se elabore y ponga en marcha un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas, “para que nadie quede en la calle en el advenimiento de la segunda ola que golpea cruelmente a toda la región”.
Según la federación, la extensión del decreto “además de ser la única forma de frenar una ola de desalojos, debe servir para conocer cuántos hogares están endeudados, cuántos hicieron uso del decreto para prorrogar el contrato, cuántos tienen sentencia de desalojo”.
Además, se deberá relevar “cuántos no tendrán opción para alquilar en las condiciones que le imponga el mercado que lleva adelante una maniobra inhumana de aumentos”.
La carta cuenta con las firmas, entre otros y otras personalidades, de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Colectivo Ni Una Menos, Juan Grabois, el dirigente de aceiteros Daniel Yofra, el dirigente sindical Hugo Godoy, la legisladora Ofelia Fernández, el diputado Walter Correa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).