Hay tres personas acusadas de “Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”. Ese es el cargo que pesa sobre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. El juicio oral todavía no tiene fecha.
Sabag Montiel fue quien disparó dos veces a la cabeza de la Vicepresidenta; Uliarte era su novia y se sospecha su cómplice. Carrizo el “jefe de la banda de los copitos”, los contrataba como vendedores ambulantes y para la Justica fue “partícipe necesario”.
La jueza María Eugenia Capuccheti consideró que no había otras personas involucradas en los hechos.
La semana pasada los abogados de Cristina Fernández pidieron que se investigue a Delfina Wagner, quien sería el enlace entre los tres imputados, con Gerardo Milman, diputado por el PRO.
Wagner es una influencer y panelista en televisión, vive en el departamento de arriba del de Cristina Kirchner en Recoleta y se postula como candidata libertaria a legisladora en la Ciudad.
Según un testigo Milman dijo en un bar a sus secretarias que “cuando la maten yo estoy camino a la Costa”. Ivana Bohdziewicz, una de las secretarias de Milman, afirmó que la llevaron a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato, el de otra asesora y el del diputado de Juntos por el Cambio. En ese entonces Milman era jefe de campaña de la precandidata presidencial.
Ese día algunas horas antes, Cristina Fernández anunciaba que recusaría a la jueza Capuchetti y resaltaba la falta de avances en la “pista Milman”, una de las hipótesis posibles para rastrear la autoría intelectual del atentado.
Una orden judicial de la semana pasada hizo que Milman entregara su teléfono a la jueza, pero al mismo tiempo se amparó en sus fueros como diputado para trabar el peritaje.
Para la querella no se investigó a fondo el papel de Revolución Federal, una organización violenta que protagonizó incidentes, amenazas y escraches contra Cristina Fernández.
Caputo Hermanos no explica de manera convincente los pagos millonarios en efectivo a Jonathan Morel, el líder del grupo ultraviolento. La empresa que pertenece a los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri, no termina de aclarar ni la operatoria con la carpintería de Morel ni el papel de Rossana Pía Caputo que sería el nexo con Morel.
Los abogados de la ex mandataria sostienen que la financiación a Revolución Federal fue para que continuaran con sus actos de violencia y discursos de odio en contra de la Vicepresidenta, para propiciar el clima que termino con el intento de magnicidio.
¿Cómo fue el atentado?
Hace un año se iniciaba el juicio conocido como “Causa vialidad” contra Cristina Fernández de Kirchner en el que al cabo de unos meses fue condenada en primera instancia a seis años de prisión. Todas las noches era recibida en su departamento de Recoleta por miles de seguidores que le mostraban su cariño y apoyo ante lo que sostenían era una guerra judicial y mediática contra la expresidenta (Lawfare).
El 1 de septiembre de 2022 a las 20:52 se produjo uno de los atentados más graves de la historia institucional de nuestro país. La Vicepresidenta descendió de su auto y antes de entrar a su domicilio, comenzó a saludar como era habitual, a los militantes. Sabag Montiel se acercó y le gatilló dos veces a la cara, pero el arma falló y las balas no salieron.
El shock, la sorpresa y la inquietud fue inmediata y duró mucho tiempo. Hubo quienes se solidarizaron inmediatamente y quienes no sólo no condenaron el intento de magnicidio, como Patricia Bullrich y Javier Milei entre otros, sino que además lanzaron conjeturas y especulaciones para intentar quitarle importancia al atentado.
El fallo de la jueza reafirma la hipótesis que sostuvieron los opositores a la expresidenta para restarle importancia al atentado. “Un grupo de loquitos solitarios”, y “lúmpenes” quiso matarla y entonces era sólo un hecho policial sin ningún motivo político, es lo que afirman los detractores de Cristina Fernández.
La defensa de Cristina, constituida desde el principio como parte querellante, sostiene que los funcionarios de la Justicia no “quieren investigar la pata política”. Todas las recusaciones presentadas contra la jueza y el fiscal fueron rechazadas.
Sostienen que hubo un plan criminal para asesinar a la Vicepresidenta y es imprescindible buscar a él o los autores intelectuales.