El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes una Medida Provisoria que prohíbe en todo el país las apuestas de cuota fija (conocidas como bets) y los juegos online, tanto en plataformas físicas como digitales.
La decisión llega a apenas nueve días de la primera vuelta de las elecciones generales, prevista para el 4 de octubre, y también alcanza a la intermediación y la publicidad de este tipo de apuestas.
“Esto es como un cáncer, o sacamos el tumor, o este tumor nos va a matar”, afirmó Lula al justificar la medida en una conferencia de prensa realizada en San Pablo junto al ministro de Hacienda, Dario Durigan.
El mandatario, candidato a la reelección, había cuestionado durante semanas a las empresas de apuestas por su rol en el endeudamiento de las familias brasileñas y sostuvo que se trata de “una cosa muy seria que está afectando la salud mental de millones y millones de personas inocentes”.
Un cronograma de cierre en dos semanas
La Medida Provisoria 1.394, publicada el 25 de septiembre, dispuso la extinción de las autorizaciones para operar que habían sido otorgadas bajo el régimen vigente hasta ahora, alcanzando tanto a las apuestas deportivas como a los juegos online sobre eventos reales.
El cronograma oficial establece que la norma entró en vigencia el 25 de septiembre, con la prohibición inmediata de nuevos depósitos; que los usuarios podrán retirar voluntariamente los fondos de sus cuentas hasta las 23.59 del 5 de octubre; que desde el 6 de octubre los sitios y aplicaciones deberán dejar de funcionar; que el 7 y el 8 de octubre las empresas deberán informar a las entidades financieras los saldos de cada usuario; que entre el 9 y el 14 de octubre los bancos realizarán la devolución de esos fondos; y que, desde el 14 de octubre, si hay inconvenientes, la Caixa Econômica Federal podrá intervenir para completar los pagos.
Hasta septiembre, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda había autorizado a 85 empresas para operar en el país, cada una de las cuales había pagado 30 millones de reales por su licencia. El decreto aclara que esas compañías no recibirán indemnización ni devolución de lo abonado, al considerarse la medida de interés público.
Un mercado que mueve miles de millones y golpea al fútbol
La dimensión económica del sector es enorme: según la SPA, el mercado brasileño de apuestas movió 410.850 millones de reales —unos 79.000 millones de dólares— solo en el primer semestre de 2026. Las plataformas, permitidas desde 2018 pero sin regulación hasta 2023, se convirtieron desde 2019 en uno de los principales patrocinadores de los clubes de fútbol del país, que ahora deberán resignar esos ingresos publicitarios: la norma prohíbe nuevos contratos de patrocinio vinculados a las apuestas, aunque los acuerdos vigentes podrán mantenerse hasta el 5 de octubre.
Lula minimizó el impacto sobre el fútbol y recordó que los principales clubes brasileños habían conquistado títulos nacionales e internacionales antes de contar con ese tipo de patrocinios.
El Gobierno apoyó la decisión en datos del Ministerio de Salud: en 2023, más de 28 millones de brasileños habían apostado en los 12 meses previos y 10,9 millones presentaban un patrón de juego considerado de riesgo o problemático. Según el mismo organismo, las consultas vinculadas al juego patológico aumentaron cerca de un 140% entre 2018 y 2025. A esto se suma un estudio del Instituto de Estudios para Políticas de Salud, citado por el Ejecutivo, que estimó en 38.800 millones de reales anuales el costo social asociado a las apuestas.
Junto con la Medida Provisoria, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para convertir en delito la explotación y operación de apuestas de cuota fija, con penas de entre cuatro y seis años de prisión y multa. Además, se crea un Comité Interinstitucional de Fiscalización de la Explotación y de la Publicidad Ilegal de Apuestas, que coordinará al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia y a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para detectar y bloquear sitios irregulares, además de alcanzar a aplicaciones y medios de pago utilizados por operadores no autorizados.