Perú: Castillo en la cuerda floja
A solo cuatro meses de haber asumido la presidencia de Perú, Pedro Castillo atraviesa un peligroso enfrentamiento con el parlamento, donde la oposición intenta abrir un proceso de vacancia para destituirlo.
La turbulenta presidencia de Pedro Castillo se aproxima a otra tormenta política. Esta vez, su propio cargo está en peligro, asediado por acusaciones respecto a la financiación de su campaña y supuestos vínculos con “el terrorismo”. Las acusaciones son por derecha y por izquierda.
En este contexto, el líder del izquierdista Perú libre, partido que lo llevo al poder, también abrió una grieta contra el mandatario por los fondos de la campaña electoral. Acorralado, el presidente acusa a algunos partidos políticos de la oposición y a grupos económicos de querer derrocarlo para evitar las reformas estructurales que impulsa para el país latinoamericano.
in dudas, las leyes de Perú son las más permisivas para desplazar jefes de estado desde el parlamento. La prueba de ello, es que en los últimos cuatro años, cayeron cinco presidentes. Desde que obtuvo la victoria en las urnas, Castillo tuvo que enfrentarse a diversos sectores políticos y económicos que desconocieron el resultado electoral.
Profesor rural, con el apoyo del partido de izquierda Perú Libre, Castillo se impuso a la derechista Keiko Fujimori por escasísimo margen de votos en un ballotage en el que el recuento de sufragios se extendió por más de un mes por la cantidad de impugnaciones que se habían presentado.
Desde ese momento, se supo que el mandatario se enfrentaría a fuertes resistencias políticas y económicas en un contexto de polarización y profunda grieta en la sociedad.
Sin dudas la principal acusación que enfrenta es la de llevar adelante una política asociada a lo que se puede denominar “chavismo” en la región con Cuba, Venezuela y Bolivia entre sus principales aliados.
El pedido de vacancia fue promovido por la congresista fujimorista de Avanza País, Patricia Chirinos que consiguió el respaldo de Fuerza Popular y Renovación popular. La acusación se funda en la incapacidad moral del presidente José Pedro Castillo en forma sistemática por la designación de cargos públicos a personas contrarias al estado de derecho por sus vínculos terroristas y de apología al terrorismo.
Al promediar los primeros cien días de gobierno, Castillo se vio obligado a cambiar 10 ministros, un promedio de uno cada 11 días. Otro punto de acusación es el financiamiento de su campaña electoral. Este punto le abrió un conflicto con el líder de su partido Vladimir Cerrón, Castillo dijo que nadie financió su campaña.
La respuesta del líder del partido Perú libre Cerrón, salió al cruce señalando que el pueblo fue el encargado de solventar la campaña y acusó al mandatario de no poner nada en el proceso.
La oposición necesita que el 7 de diciembre, 52 congresistas voten a favor de la admisión de la moción de vacancia, un número que no le resultaba fácil obtener hasta que se conoció que Castillo mantuvo reuniones con empresarios en su vivienda particular de la localidad de Breña, fuera de su agenda oficial, despertando sospechas de trabajar a favor de intereses particulares. La falta de transparencia de estos encuentros, puso en jaque la posición de varios legisladores que se oponían a derrocar a Castillo.
En esa línea se inscriben parlamentarios de Acción popular y alianza para el progreso que pidieron una investigación judicial sobre esos encuentros con proveedores del estado y funcionarios. Castillo sostiene que fueron reuniones particulares.
La explicación no alcanza para frenar – incluso- la mirada atenta de la bancada de su partido, Perú Libre – que esta evaluando la información sobre estas reuniones extraoficiales del jefe de estado que se suma a la confrontación que mantiene con Vladimir Cerrón por la financiación de la campaña electoral.