La CIDH condena a Colombia por la persecución y exterminio de un partido de izquierda

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el lunes al Estado colombiano en una audiencia transmitida por internet por el “exterminio” del partido político Unión Patriótica y sus militantes.

La Corte IDH declaró que “Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes”, señaló el juez Ricardo C. Pérez, presidente de la Corte.

La Unión Patriótica (UP) se constituyó como organización política en 1985 tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abrió la puerta para que pudieran hacer política legalmente.

Sin embargo, para contrarrestar el ascenso político de la UP, surgió una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública, que derivó en actos de violencia, añadió la Corte.

El caso se refiere a las sucesivas y graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del
partido político Unión Patriótica (UP) en Colombia a partir de 1984 y por más de 20 años.

Los hechos involucraron desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio en contra de integrantes y militantes
de la UP, perpetrados presuntamente tanto por agentes estatales como por actores no estatales con la anuencie de los gobiernos.

La Corte identificó un número de víctimas directas de los hechos de violencia sistemática en contra de integrantes y militantes de la UP
entre 1984 y 2006 que supera las seis mil personas.

En esa cifra se encuentran incluidos, entre otros, 521 casos de desaparición forzada de personas, 3170 casos de ejecuciones extrajudiciales, 1596 casos de desplazamiento forzado, 64 casos de tortura, 19 casos de judicializaciones infundadas, 285 casos de atentados o tentativas de homicidio, y 10 casos de lesiones.

También, persecución judicial y mediática, con el objetivo de estigmatizar a los integrantes y activistas de la organización.

Medidas de reparación

A partir de la sentencia, el Estado deberá reparar a las víctimas, a través de la implementación de una comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas.

También ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales.

Es que la justicia colombiana no ha fallado sobre la mayoría de los hechos de violencia contra integrantes, militantes y simpatizantes de la UP no han sido investigados o se encuentra en las etapas más tempranas de los procesos o de las investigaciones.

Las investigaciones sobre esos hechos de violencia no fueron efectivas y estos se caracterizan por altos índices de impunidad que operaron como formas de tolerancia por parte de las autoridades frente a los mismos

Asimismo deberá buscar rigurosamente a las víctimas desaparecidas y brindarles tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial.

El Estado también deberá reconocer públicamente la responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y construir un monumento.

Las FARC sólo dejaron las armas en 2016, tras un acuerdo de paz con el Estado que aún se está implementando en Colombia.